Angelina Sosa Lovera, psicólota titular del ISAMT.
SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La discusión sobre el sistema penitenciario suele centrarse en la seguridad, el hacinamiento o las condiciones físicas de los recintos. Sin embargo, existe un aspecto que con frecuencia permanece relegado: la salud mental de las personas privadas de libertad.
Para la directora ejecutiva del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, Angelina Sosa, esta realidad constituye uno de los desafíos más importantes que enfrenta actualmente el sistema de salud pública y penitenciario del país.
La especialista advirtió que los centros penitenciarios concentran una población particularmente vulnerable al desarrollo y agravamiento de trastornos emocionales, psicológicos y psiquiátricos, una situación que requiere respuestas permanentes y estructurales por parte de las autoridades.
“La salud es un derecho universal y por tanto, independientemente de la condición legal de una persona, esta debe ser garantizada”, afirmó Sosa durante una entrevista concedida al programa El Mundo Hoy, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.
Una población con alto riesgo psicológico
La especialista explicó que el encarcelamiento representa un factor que puede agravar significativamente problemas de salud mental preexistentes o generar nuevas afecciones relacionadas con el estrés, la ansiedad, la depresión y otros trastornos emocionales.
Según señaló, cuando una persona que ya presenta una condición psicológica o psiquiátrica ingresa a un centro penitenciario sin acceso a tratamiento adecuado, su situación puede deteriorarse considerablemente.
Los desafíos son aún mayores en aquellos casos donde los internos requieren seguimiento psiquiátrico especializado o medicación continua para mantener su estabilidad emocional.
Sosa recordó que distintos informes elaborados por la Defensoría del Pueblo han documentado carencias importantes en materia de atención psicológica y psiquiátrica dentro de los recintos penitenciarios dominicanos.
Estas limitaciones, indicó, afectan directamente la calidad de vida de los privados de libertad y reducen las posibilidades de recuperación y reinserción social.
Estrés, ansiedad y consumo de sustancias
De acuerdo con la especialista, las condiciones propias de la vida penitenciaria suelen incrementar los niveles de estrés y ansiedad.
A esto se suman otros factores como la separación familiar, la incertidumbre sobre el futuro, los conflictos internos y los problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
“Muchas personas que ingresan a prisión con diagnósticos previos de trastornos mentales no reciben de manera oportuna servicios de psiquiatría, atención psicológica ni los medicamentos necesarios para mantener su estabilidad emocional”, explicó.
La situación, advierte, puede derivar en un deterioro progresivo de la salud mental y aumentar el riesgo de crisis emocionales dentro de los centros penitenciarios.
La rehabilitación también pasa por la salud mental
Sosa valoró positivamente las recientes jornadas de salud mental impulsadas por la Dirección General de Prisiones en distintos recintos del país.
Sin embargo, considera que estas iniciativas deben transformarse en programas permanentes y sistemáticos.
“No podemos hablar de rehabilitación de las personas que han cometido delitos sin hablar de intervenciones efectivas en su salud mental”, manifestó.
La especialista sostiene que cualquier estrategia orientada a la reinserción social debe contemplar programas continuos de apoyo emocional y psicológico.
Entre las acciones prioritarias mencionó el manejo de la ansiedad, la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de habilidades sociales, el control emocional y la preparación para el retorno a la vida comunitaria.
Según explicó, estas herramientas pueden contribuir significativamente a disminuir los riesgos de reincidencia y facilitar procesos de adaptación una vez cumplida la condena.
Vacíos legales y desafíos pendientes
Otro aspecto señalado por la experta tiene que ver con el tratamiento de personas con enfermedades mentales graves que se ven involucradas en hechos delictivos.
Aunque reconoce que existe legislación relacionada con la salud mental, considera que aún persisten importantes vacíos normativos y operativos para determinar el abordaje más adecuado de estos casos.
“Una persona con una enfermedad mental grave no debería cumplir condena en las mismas condiciones que otra que cometió un delito sin presentar este tipo de trastornos”, sostuvo.
La especialista considera necesario fortalecer los mecanismos de evaluación, seguimiento y tratamiento para garantizar que estas personas reciban atención especializada acorde con sus necesidades clínicas.
Un reto para el sistema de salud pública
La salud mental ha sido identificada por organismos internacionales como una de las prioridades emergentes de salud pública a nivel mundial.
En el caso de la población penitenciaria, diversos estudios han demostrado que los trastornos mentales presentan una prevalencia significativamente mayor que en la población general.
Por ello, expertos consideran que ampliar los servicios psicológicos y psiquiátricos dentro de las cárceles no solo representa una medida humanitaria, sino también una estrategia efectiva para mejorar la seguridad, la convivencia y los procesos de rehabilitación.
Para Angelina Sosa, el desafío consiste en pasar de intervenciones ocasionales a políticas permanentes que reconozcan la salud mental como un componente esencial del proceso de recuperación y reintegración social de las personas privadas de libertad.
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