SANTO DOMINGO, R.D./DIARIO DE SALUD.– Un ortopeda llamó a que las investigaciones sobre el manejo de los fondos sociales del Colegio Médico Dominicano (CMD) se desarrollen con transparencia, independencia y respeto al debido proceso, en medio de las denuncias sobre presuntas irregularidades financieras en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS).
El reclamo se produce mientras distintos sectores del gremio exigen conocer con claridad el destino de los recursos destinados a protección, asistencia y seguridad social de los médicos.
La controversia se hizo pública en junio, cuando la nueva directiva del CMD informó haber detectado irregularidades e inconsistencias financieras y administrativas durante las evaluaciones realizadas en el IPPS. El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, ha insistido en que todavía no existe una acusación formal contra persona alguna y que las conclusiones dependerán de las auditorías y de las evidencias que se obtengan durante el proceso.
Sectores agrupados en el Gran Bloque Unitario han solicitado una auditoría forense independiente y han planteado que las anomalías podrían involucrar decenas de millones de pesos. Esas cifras, sin embargo, continúan siendo parte de denuncias y estimaciones internas y no deben presentarse como un desfalco probado. En junio, Peña Núñez evitó confirmar públicamente versiones sobre montos específicos y señaló que la investigación seguía abierta.
A finales de agosto, el presidente del CMD informó que habían surgido nuevos hallazgos que obligaron a ampliar las indagatorias y que el proceso está siendo asesorado por abogados y auditores externos. Peña Núñez reiteró que hasta el momento no se ha formulado una imputación contra ninguna persona y sostuvo que, si las evidencias justifican una acción penal, corresponderá al Ministerio Público determinar responsabilidades.
El debate sobre la transparencia adquiere especial relevancia porque el IPPS administra recursos vinculados a la protección social de los médicos. La legislación que regula al CMD establece que el Colegio debe contar con un instituto destinado a la protección y previsión social a partir de los fondos de sus planes sociales, además de prever recursos para seguridad social, jubilación y pensiones.
En ese escenario, el reclamo de una investigación técnica y verificable apunta a garantizar tanto la protección del patrimonio de los afiliados como la presunción de inocencia de las personas que pudieran ser mencionadas durante las pesquisas.
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