En medio de más de cuatro semanas de protestas, Bolivia atraviesa un nuevo episodio de tensión política tras la decisión de la Asamblea Legislativa de derogar la ley que limitaba las facultades presidenciales para declarar un estado de excepción. Mientras sectores oficialistas defienden la medida como un mecanismo para preservar el orden y la estabilidad, críticos advierten sobre el riesgo de restricciones a derechos y garantías ciudadanas en un contexto marcado por inflación, demandas salariales y crecientes pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. ¿Se encamina Bolivia hacia un escenario de poderes excepcionales? Lo analizamos en El Debate de France 24.
La decisión del Legislativo ha profundizado la polarización política en Bolivia. Quienes respaldaron la derogación sostienen que el Gobierno necesita mayores herramientas para responder a las protestas y preservar el orden público ante una escalada de tensión social y política. Argumentan que las movilizaciones podrían derivar en un escenario de desestabilización institucional.
Sin embargo, los sectores opositores y organizaciones civiles consideran que eliminar esos límites legales representa un riesgo para las libertades democráticas. Señalan que, sin controles claros, el Ejecutivo podría recurrir a medidas extraordinarias que afecten derechos fundamentales como la libre circulación, la protesta o la libertad de expresión.
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Las manifestaciones continúan en distintas regiones del país impulsadas por múltiples reclamos: desde el deterioro económico y el aumento del costo de vida, hasta cuestionamientos directos a la gestión del presidente Rodrigo Paz.
El debate ahora se centra en si esta decisión legislativa responde a una necesidad de gobernabilidad o si marca el inicio de un escenario de mayor concentración de poder.
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La derogación de esta ley abre un debate profundo sobre el equilibrio entre seguridad, gobernabilidad y derechos ciudadanos. ¿Bolivia va rumbo a un estado de excepción? Este es el eje de análisis en El Debate de France 24.
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