SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. — El Ministerio Público informó que 13 imputados en el caso SeNaSa 2.0 admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el órgano acusador, mostraron arrepentimiento y pidieron excusas, mientras el juez Rigoberto Sena se reservó para este domingo 27 de septiembre la decisión sobre las medidas de coerción.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ofreció la información al concluir la audiencia celebrada el viernes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
De acuerdo con Camacho, una parte de los procesados ha colaborado con la investigación y esa circunstancia llevó al Ministerio Público a modificar su petición inicial respecto de nueve de ellos, solicitando arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
La admisión señalada por el Ministerio Público ocurre dentro de una audiencia de medida de coerción y no significa que el proceso penal haya concluido ni equivale por sí sola a una sentencia definitiva. Camacho reconoció que el procedimiento judicial continúa.
Ministerio Público pide arresto domiciliario para nueve
Los nueve imputados para quienes el órgano acusador solicitó arresto domiciliario son Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
En caso de que el juez acepte la solicitud, deberán cumplir la medida en los domicilios que proporcionaron al tribunal.
Camacho explicó que la modificación responde a la colaboración de los imputados con la investigación y afirmó que el Ministerio Público ha utilizado ese criterio en otros procesos.
El funcionario sostuvo además que la solicitud de coerción está respaldada por alrededor de 706 medios de prueba, cifra que presentó como demostración de la fortaleza de la investigación. Esa valoración corresponde al Ministerio Público y deberá ser ponderada por el tribunal junto con los argumentos de las defensas.
Defensas cuestionan versión sobre las admisiones
La versión del Ministerio Público sobre las admisiones ha sido cuestionada por representantes de la defensa.
El abogado Santos Willie Liriano Mercado sostuvo al finalizar la audiencia que los imputados no admitieron los hechos, sino que manifestaron disposición a colaborar con el Ministerio Público. También cuestionó las circunstancias en las que, según su versión, se produjeron esos acuerdos.
La defensa de algunos profesionales de la medicina ha planteado además que el proceso de autorización, auditoría y pago de servicios involucra diferentes niveles de control dentro del sistema, argumento con el que busca cuestionar la responsabilidad atribuida a sus representados.
Estas posiciones forman parte de la controversia judicial y todavía no han sido resueltas mediante una sentencia sobre el fondo.
Mantienen prisión preventiva para otros 18
El Ministerio Público mantiene su solicitud de 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja respecto de otros 18 imputados.
Entre ellos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La petición también alcanza a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré, además de los demás procesados incluidos en la solicitud del órgano acusador.
La prisión preventiva solicitada constituye una medida cautelar y no una condena. Corresponderá al juez determinar cuáles medidas resultan procedentes mientras continúa el proceso.
Investigación aborda autorizaciones y procedimientos presuntamente irregulares
La denominada operación Cobra 2.0-A, conocida públicamente como SeNaSa 2.0, investiga un supuesto esquema relacionado con autorizaciones y facturación de servicios médicos que, según el Ministerio Público, en determinados casos no habrían sido realizados a los afiliados.
La solicitud de coerción atribuye a la estructura investigada 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por aproximadamente RD$41.1 millones, relacionadas con consultas y procedimientos registrados entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El expediente contiene imputaciones provisionales por falsificación y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, además de alegados delitos contemplados en las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Esas imputaciones corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser debatidas durante el proceso judicial.
De diez a trece admisiones, según el Ministerio Público
A principios de la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, había informado que diez imputados habían admitido los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
Al concluir las réplicas y contrarréplicas el viernes, Camacho elevó esa cifra a 13 personas, señalando que las admisiones se produjeron ante el tribunal.
La diferencia responde, por tanto, a una actualización realizada por el órgano acusador durante el desarrollo de la audiencia y no necesariamente a una contradicción entre ambos reportes.
Juez anunciará decisión el domingo
El juez Rigoberto Sena concluyó el viernes la fase de exposición de las partes y se reservó el fallo sobre las medidas de coerción.
La decisión está prevista para este domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El magistrado deberá pronunciarse sobre las distintas medidas solicitadas y sobre la petición del Ministerio Público para que el expediente sea declarado complejo.
Hasta que exista una decisión judicial definitiva sobre las responsabilidades penales, las personas imputadas mantienen la presunción de inocencia, independientemente de las medidas cautelares que puedan ser impuestas durante el proceso.
Informe desde París: 700.000 personas asistieron a eucaristía de León XIV
Unas 700.000 personas se congregaron desde temprano en los Campos Elíseos y la plaza de la…
Miguel Sánchez Caba llevará al Centro León una conversación abierta sobre sexualidad
SANTIAGO, RD/ DIARIO DE SALUD. — Hablar de sexualidad sin vergüenza, prejuicios ni silencios …
