SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. — La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en el caso SeNaSa 2.0-A continuará este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando el proceso avanzará hacia las réplicas del Ministerio Público y las posteriores contrarréplicas de las defensas.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso el receso después de una extensa jornada que comenzó alrededor de las 2:00 de la tarde del jueves y se prolongó durante más de nueve horas.
La sesión de este viernes deberá comenzar con la exposición pendiente de la defensa de Isabel Heredia, representada por el abogado Félix Portes, antes de dar paso a la siguiente etapa del debate.
Una vez concluido ese turno, el Ministerio Público podrá responder los argumentos presentados por los abogados durante las jornadas anteriores. Posteriormente, las defensas tendrán oportunidad de formular sus contrarréplicas y, antes de finalizar esta fase, los propios imputados podrán dirigirse al tribunal.
Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
El Ministerio Público atribuye a los procesados participación en un presunto esquema mediante el cual se habrían generado autorizaciones y facturaciones correspondientes a procedimientos médicos que, de acuerdo con la acusación, no fueron realizados.
Las defensas han presentado durante las audiencias sus objeciones a la solicitud de coerción y versiones diferentes sobre la participación que el órgano acusador atribuye a sus representados.
La audiencia de medida de coerción no tiene como finalidad determinar de manera definitiva la culpabilidad o inocencia de los procesados, sino decidir las medidas cautelares que corresponderían mientras continúa el procedimiento penal.
Surún Hernández reclama ampliar investigación
Durante la jornada del jueves, el abogado Miguel Surún Hernández, representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, cuestionó el alcance que hasta el momento tiene la investigación y reclamó que las pesquisas determinen si otros actores del sector salud tuvieron alguna responsabilidad.
Surún Hernández mencionó específicamente clínicas y laboratorios y planteó que las autoridades deben establecer el nivel de participación que pudiera corresponder a cada persona o entidad dentro del presunto entramado.
El abogado sostuvo además que algunos de los médicos procesados han alegado que sus códigos fueron utilizados de manera indebida y afirmó que algunos ni siquiera habrían sido entrevistados antes de ser involucrados en el expediente. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el jurista y no constituyen conclusiones establecidas por el tribunal.
Investigación podría extenderse
El Ministerio Público ha señalado públicamente que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en SeNaSa no necesariamente concluyen con esta fase.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, manifestó esta semana que las pesquisas pueden ampliarse a otras personas o entidades. Hasta esta etapa, las imputaciones formalizadas en SeNaSa 2.0-A corresponden a personas físicas.
El expediente forma parte de varias líneas investigativas relacionadas con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, por lo que los montos, personas y operaciones atribuidos a otras investigaciones no deben presentarse automáticamente como parte de esta fase.
La jornada de este viernes acercará el proceso al momento en que el juez deberá ponderar las solicitudes del Ministerio Público, los argumentos de las defensas y los demás elementos presentados durante la audiencia antes de decidir las medidas de coerción.
Todos los imputados mantienen la presunción de inocencia y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público deberán ser demostradas conforme avance el proceso judicial.
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