SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La exdirectora de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, Carolina Serrata, afirmó que los conflictos recurrentes entre las Administradoras de Riesgos de Salud, las clínicas privadas y los prestadores de servicios médicos pueden reducirse si se aplican de manera efectiva los mecanismos establecidos en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Serrata reconoció que el sistema ha registrado avances desde la promulgación de la legislación, pero sostuvo que todavía enfrenta desafíos importantes relacionados con la actualización normativa, la supervisión y el cumplimiento de disposiciones que ya están contempladas en la ley.
Al referirse a las diferencias recientes entre la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y varias ARS, la exfuncionaria señaló que este tipo de controversias no es nuevo y que, históricamente, los principales perjudicados han sido los afiliados.
“La Ley 87-01 es bastante clara. El artículo 173 establece la creación del Comité de Honorarios Profesionales, un organismo llamado a revisar de manera anual el tarifario médico y evitar que cada conflicto económico termine afectando a los pacientes”, expresó.
La dirigente política emitió sus declaraciones durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, conducido por los comunicadores Julio Samuel Sierra, Raquel Rodríguez y Nilson Batista, y transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.
Serrata explicó que el Comité Nacional de Honorarios Profesionales debe estar integrado por representantes del Gobierno, del Seguro Nacional de Salud, de las ARS privadas, de profesionales de la salud y de los afiliados.
De acuerdo con la Ley 87-01, ese comité tiene la responsabilidad de establecer y revisar anualmente las tarifas mínimas de los honorarios profesionales.
Para la exdirectora de la DIDA, la aplicación efectiva de ese mecanismo permitiría ordenar las discusiones sobre pagos, tarifas y servicios médicos sin que las diferencias entre actores privados y prestadores terminen trasladándose a los usuarios.
La advertencia llega después de varios días de tensión en el sistema de salud dominicano, luego de que ANDECLIP anunciara la suspensión indefinida de servicios a afiliados de ARS Primera y ARS Futuro a partir del 14 de julio, como parte de su reclamo por la falta de indexación de tarifas.
La medida generó preocupación entre afiliados, autoridades y entidades de defensa de usuarios, debido al riesgo de que pacientes quedaran sin atención en centros privados por un conflicto contractual entre clínicas y aseguradoras.
Posteriormente, la controversia fue llevada a una mesa de diálogo con participación del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y de la gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Aura Celeste Fernández.
En ese escenario, la suspensión de servicios fue dejada sin efecto mientras las partes continuaban negociando.
Serrata valoró la intervención de la DIDA durante la controversia reciente y consideró que la institución cumplió con su función de defender los derechos de los afiliados mediante las acciones legales correspondientes.
La DIDA había advertido públicamente que acudiría a los tribunales si los centros privados de salud suspendían la atención a los afiliados por diferencias con las ARS.
Para Serrata, el problema de fondo no se resuelve únicamente con reuniones de emergencia cada vez que surge una amenaza de suspensión.
A su juicio, el sistema necesita aplicar de manera sostenida los mecanismos institucionales previstos en la legislación para anticipar conflictos, revisar tarifas con criterios técnicos y proteger la continuidad de los servicios.
La exfuncionaria advirtió que la falta de aplicación del Comité de Honorarios Profesionales genera incertidumbre entre los usuarios.
En medio de estos conflictos, dijo, muchos afiliados no saben si recibirán atención médica, si su seguro será aceptado o si deberán asumir pagos adicionales al acudir a un centro asistencial.
Esa incertidumbre afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, personas que requieren procedimientos programados, usuarios en emergencias y familias que dependen de la red privada de prestadores.
Cuando el acceso al servicio queda condicionado por disputas económicas, el afiliado termina colocado en una posición de vulnerabilidad.
Serrata sostuvo que la solución definitiva requiere fortalecer la institucionalidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
En ese sentido, mencionó la necesidad de una mayor participación del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, organismos que, según indicó, tienen responsabilidad en la supervisión del cumplimiento de la ley y en la aplicación de medidas que garanticen la estabilidad del sistema.
El planteamiento de la exdirectora de la DIDA apunta a que el conflicto tarifario no debe verse solo como una disputa entre clínicas y ARS.
También debe analizarse como un problema de gobernanza del sistema, porque las decisiones de esos actores impactan directamente en el derecho de los afiliados a recibir atención oportuna.
La Ley 87-01 establece una estructura institucional para regular el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Sin embargo, diversos conflictos han mostrado que la existencia de normas no siempre garantiza su aplicación oportuna.
Para Serrata, activar los mecanismos pendientes permitiría pasar de la reacción a la prevención.
El Comité de Honorarios Profesionales, explicó, fue concebido precisamente para revisar tarifas de forma periódica y evitar que la discusión se produzca solo cuando las partes llegan a niveles de confrontación pública.
En la práctica, una revisión anual de honorarios podría ofrecer una vía más ordenada para discutir inflación, costos operativos, sostenibilidad financiera, pago a prestadores y capacidad de las ARS.
También podría contribuir a reducir amenazas de suspensión de servicios, paros, cobros adicionales o negativas de atención que afectan directamente a los afiliados.
Serrata insistió en que los pacientes deben ser el eje central del sistema.
Desde su perspectiva, las diferencias económicas entre prestadores y aseguradoras no deberían convertirse en una barrera para acceder a consultas, procedimientos, emergencias o tratamientos cubiertos por el seguro.
La controversia reciente entre ANDECLIP y las ARS mostró nuevamente la fragilidad de ese equilibrio.
Las clínicas reclaman actualización de tarifas para sostener sus operaciones.
Las ARS argumentan límites financieros, contratos y condiciones del sistema.
Pero los afiliados son quienes enfrentan la incertidumbre cuando no se logra un acuerdo.
La exdirectora de la DIDA planteó que el fortalecimiento institucional debe incluir decisiones concretas, no solo llamados al diálogo.
Eso implica aplicar los instrumentos previstos en la ley, supervisar su cumplimiento, garantizar que los afiliados reciban información clara y sancionar cualquier práctica que vulnere sus derechos.
También implica que el CNSS y SISALRIL tengan un rol activo en prevenir que las tensiones se conviertan en crisis de acceso a servicios.
El llamado de Serrata se produce en un contexto en el que distintos sectores han pedido revisar y actualizar la Ley 87-01.
Aunque el sistema ha ampliado cobertura y ha organizado buena parte del aseguramiento en salud, persisten debates sobre financiamiento, calidad de servicios, copagos, tarifas, cobertura efectiva y protección de los usuarios.
Para la exfuncionaria, aplicar lo que ya establece la ley es un paso necesario mientras se discuten eventuales reformas más amplias.
Su propuesta no elimina la necesidad de negociación entre clínicas, ARS y prestadores, pero busca que esa negociación ocurra dentro de un marco institucional estable.
El objetivo, dijo, es evitar que cada diferencia económica termine trasladándose al punto más sensible del sistema: el paciente que necesita atención.
Serrata concluyó que el Sistema Dominicano de Seguridad Social debe colocar a los afiliados en el centro de sus decisiones.
Para lograrlo, sostuvo, no basta con reconocer derechos en la ley.
Es necesario activar los órganos, procedimientos y controles que permitan que esos derechos se cumplan en la práctica.
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