SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- El Congreso dominicano entró en una carrera acelerada para modificar artículos del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia.
La Cámara de Diputados prevé aprobar entre jueves y viernes de esta semana varias modificaciones a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano.
La intención es que la pieza modificatoria sea enviada luego al Senado de la República, donde podría ser conocida la próxima semana.
El calendario legislativo es estrecho.
A la actual legislatura le quedan pocos días y, si las modificaciones no son aprobadas antes de su cierre, el Congreso tendría que esperar una legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader.
El nuevo Código Penal está previsto para entrar en vigencia el 3 de agosto de 2026.
Ese plazo ha aumentado la presión sobre diputados y senadores, que buscan aprobar ajustes antes de que la ley comience a aplicarse.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que los legisladores esperan conocer la propuesta con rapidez después de que concluya el período de recepción de observaciones de la sociedad.
Ese plazo vence este miércoles en horas de la tarde.
La Comisión Bicameral designada para estudiar las propuestas deberá revisar en poco tiempo más de 20 recomendaciones recibidas desde la apertura del proceso.
La comisión está presidida por el diputado Wandy Batista.
La vicepresidencia recae en la senadora Mercedes Ortiz.
El equipo tiene la responsabilidad de evaluar artículos que han sido señalados por presuntas contradicciones, ambigüedades o riesgos de aplicación.
Pacheco aseguró que las propuestas recibidas serán valoradas, analizadas y confrontadas técnicamente.
Sin embargo, el ritmo previsto genera una pregunta inevitable: cuánto análisis real puede hacerse en menos de 48 horas sobre observaciones que involucran temas penales, constitucionales, derechos fundamentales y técnica legislativa.
Una de las propuestas en carpeta es la remitida por el presidente Luis Abinader.
Esa iniciativa plantea modificaciones a 18 artículos del nuevo Código Penal.
Según reportes legislativos, esos cambios abarcan temas relacionados con libertad de expresión, protección de niños, niñas y adolescentes, corrupción y técnica penal.
También hay iniciativas registradas en el Sistema de Información Legislativa que deberán ser consideradas por la Comisión Bicameral.
El debate no se limita a un solo sector.
En los últimos días han enviado observaciones o expresado preocupaciones organizaciones de prensa, juristas, gremios profesionales, entidades empresariales, sectores médicos y actores de la sociedad civil.
Uno de los puntos más sensibles es la libertad de expresión.
Varios cuestionamientos se concentran en delitos como difamación, injuria, ultraje, desacato y disposiciones relacionadas con publicaciones en medios digitales y redes sociales.
La preocupación de organizaciones y especialistas es que algunas redacciones puedan favorecer interpretaciones amplias y generar autocensura.
La Ley 74-25 conserva figuras ya existentes en el ordenamiento dominicano, como difamación, injuria y ultraje, pero las reorganiza dentro del nuevo Código Penal, amplía su alcance y endurece sanciones.
Además, adapta parte de esas conductas al entorno digital.
Ese cambio ha sido leído por algunos sectores como una actualización necesaria frente a nuevas formas de extorsión, desinformación y ataques al honor.
Otros lo ven como un riesgo para periodistas, ciudadanos, comunicadores y usuarios de redes sociales que denuncian asuntos de interés público.
El artículo 315, sobre desacato, y los artículos 310 y 311, vinculados al ultraje, han sido parte de los más discutidos.
También se han mencionado disposiciones sobre difamación e injuria y el tratamiento de expresiones dirigidas a funcionarios o servidores públicos.
Otro grupo de observaciones se relaciona con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La Ley 74-25 establece que las empresas y otras entidades pueden responder penalmente por infracciones cometidas por órganos, representantes o subordinados cuando exista incumplimiento de deberes de dirección, control o supervisión.
Ese cambio es relevante para sectores empresariales, entidades privadas, instituciones de salud y organizaciones que podrían quedar expuestas a sanciones penales si no cuentan con programas de cumplimiento adecuados.
También se discute el artículo 12, sobre comisión por omisión.
Ese artículo permite atribuir responsabilidad penal a quien, teniendo deber y posibilidad de evitar un resultado, no actúe.
En sectores como salud, educación, seguridad, transporte o servicios públicos, esa redacción ha generado inquietud sobre cómo se aplicará en situaciones complejas.
El Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, ha planteado preocupaciones sobre la protección del acto médico y la necesidad de diferenciar una complicación clínica de una conducta penalmente reprochable.
La Comisión Bicameral deberá decidir si recomienda cambios puntuales o si mantiene buena parte del texto ya promulgado.
Ese trabajo ocurre en medio de una tensión política evidente.
Por un lado, el Congreso busca corregir artículos cuestionados antes de que la Ley 74-25 empiece a aplicarse.
Por otro, el proceso de revisión avanza con un margen de tiempo muy reducido.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha sostenido que el Código Penal estará listo para aplicarse en la fecha prevista.
Esa posición apunta a que el Congreso no quiere abrir una discusión prolongada que retrase la entrada en vigencia de la legislación.
El nuevo Código Penal sustituye una normativa de larga data y ha sido presentado por el Gobierno y sectores legislativos como una modernización necesaria del sistema penal dominicano.
Entre sus defensores se destacan avances en materia de criminalidad organizada, nuevas infracciones, actualización de penas y protección de víctimas.
Pero la discusión actual muestra que la aprobación del Código no cerró el debate.
Al contrario, abrió una etapa de revisión urgente sobre artículos que distintos sectores consideran ambiguos, excesivos o problemáticos.
El desafío para los legisladores será evitar dos extremos.
Uno sería aprobar modificaciones sin suficiente estudio técnico, solo para cumplir con el calendario.
El otro sería postergar indefinidamente una reforma penal que el país lleva décadas discutiendo.
La cuestión de fondo no es únicamente si el Congreso puede aprobar los cambios a tiempo.
La pregunta principal es si podrá hacerlo con claridad jurídica suficiente para evitar nuevos conflictos constitucionales, interpretaciones contradictorias o reformas inmediatas después de la entrada en vigencia.
La revisión de la Ley 74-25 se ha convertido así en una prueba de técnica legislativa y de legitimidad pública.
El Congreso debe demostrar que escuchó a la sociedad, pero también que las observaciones fueron evaluadas con rigor y no simplemente tramitadas por presión del reloj.
Si la Cámara de Diputados aprueba la propuesta esta semana, el Senado quedará con la última palabra en la fase legislativa.
El margen será corto.
Y el impacto será amplio, porque el Código Penal define qué conductas son delitos, cómo se sancionan y cuáles límites debe respetar el Estado al castigar.
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