SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- El economista y especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana cuestionó el modelo de funcionamiento de los hospitales públicos dominicanos y sostuvo que las sucesivas inversiones en infraestructura no han estado acompañadas de una reforma equivalente en la contratación y evaluación del personal sanitario.
Su crítica coincide con una nueva intervención anunciada para el Hospital Salvador B. Gautier por RD$655,3 millones, de los cuales RD$455,3 millones corresponden a obras civiles y RD$200 millones a equipamiento médico, incluida la renovación de su bloque de 11 quirófanos. La inversión fue anunciada oficialmente por el Servicio Nacional de Salud en septiembre de 2025.
Díaz Santana argumenta que el problema no está en modernizar los hospitales, algo que considera necesario, sino en invertir repetidamente sin cambiar los incentivos que determinan cómo se utilizan los recursos. A su juicio, la medicina pública sigue perdiendo capacidad frente al sector privado porque los profesionales reciben fundamentalmente salarios fijos sin una compensación suficientemente relacionada con productividad, dedicación y resultados.
El economista afirma además que especialistas de determinados hospitales públicos trabajan jornadas mucho más reducidas que en sus consultas privadas, una situación que, según su análisis, eleva el costo unitario de los equipos y disminuye su aprovechamiento. La cifra de unas ocho horas semanales que utiliza para ilustrar el argumento procede de Díaz Santana; no se localizó un registro oficial público que confirme ese promedio para el Gautier.
El especialista también plantea que pueden existir conflictos de intereses cuando médicos y gestores hospitalarios mantienen simultáneamente actividades económicas en el sector privado. Díaz Santana sostiene que más del 90 % de los directores de hospitales serían propietarios, accionistas de clínicas o especialistas con ejercicio privado y considera que ese escenario puede reducir los incentivos para intensificar la producción de los centros públicos.
Esa proporción debe mantenerse expresamente atribuida al economista: durante esta verificación no se encontró una base oficial del SNS, Salud Pública o SISALRIL que documente que más del 90 % de los directores hospitalarios se encuentra en esa situación.
Una parte central de su argumento sí encuentra respaldo directo en la Ley 87-01 de Seguridad Social. El artículo 173 establece que la contratación del personal de salud debe contemplar modalidades que combinen el sueldo con incentivos vinculados al cumplimiento de metas, niveles de calidad, resultados y desempeño dentro de estándares institucionales.
Díaz Santana, quien participó en el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, considera que ese componente no se ha aplicado con la fuerza prevista y propone utilizarlo para premiar mayor dedicación y productividad. La versión oficial de la Ley 87-01 disponible en organismos estatales confirma ese contenido del artículo 173.
Para el economista, el desafío consiste en que el próximo “remozamiento” no se limite a paredes, quirófanos y equipos. Su propuesta es acompañar la modernización física con indicadores medibles de producción, calidad, tiempos de atención y desempeño profesional, de manera que una parte de la remuneración responda a resultados.
Díaz Santana vincula esta reforma con la necesidad de reducir la dependencia de servicios privados y el gasto directo de las familias; SISALRIL reconoce, por su parte, que reducir el gasto de bolsillo continúa siendo uno de los desafíos del sistema y mantiene un portal estadístico sobre los pagos realizados por las ARS a los prestadores del Seguro Familiar de Salud.
Sin embargo, demostrar que el actual modelo público fue deliberadamente “diseñado para fomentar la medicina privada” constituye una interpretación crítica de Díaz Santana, no un hecho establecido por las fuentes oficiales consultadas.
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