SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. – El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez, cuestionó la nueva disposición de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) sobre los comprobantes de pagos realizados por los afiliados y advirtió que el gremio podría responder si considera que existe una persecución contra los profesionales.
Peña afirmó que no permitirá que los médicos sean convertidos en “chivos expiatorios” de los problemas del sistema y llegó a plantear que podría proponer ante la junta directiva del CMD dejar de aceptar seguros de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
“Se cae el sistema”, advirtió al referirse a las posibles consecuencias de una decisión de ese tipo.
La controversia surge después de que SISALRIL emitiera la Circular SSRL-INT-2026-002957, que recuerda a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), tanto instituciones como profesionales, su obligación de entregar comprobantes por los pagos correspondientes a servicios contemplados en el Plan Básico de Salud.
La Superintendencia también establece que, de acuerdo con sus capacidades operativas, los prestadores deben ofrecer alternativas de pago mediante tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos.
El organismo sostiene que la medida busca hacer verificables las transacciones y aumentar la transparencia sobre copagos, cuotas moderadoras y otros montos procedentes.
El punto de mayor fricción, sin embargo, está en los pagos adicionales que algunos profesionales cobran directamente a los pacientes cuando consideran insuficiente la tarifa reconocida por una ARS.
La circular establece que las controversias sobre tarifas, honorarios, formas de pago, glosas, auditorías y autorizaciones deben solucionarse mediante los mecanismos contractuales e institucionales correspondientes y, de ser necesario, someterse a SISALRIL.
El regulador señala expresamente que esas diferencias no pueden terminar en cobros adicionales al afiliado, condicionamiento de la atención, retención de documentos o suspensión injustificada de servicios.
Frente a esa disposición, el expresidente del CMD Wilson Roa atribuyó el problema a las tarifas y puso como ejemplo su consulta: afirmó que cobra RD$2,000 y que la ARS reconoce RD$750, por lo que el paciente completa la diferencia.
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) adoptó una posición diferente a la del CMD sobre la entrega de comprobantes. Su presidente, Carlos Alcántara, manifestó que las clínicas ya entregan recibos y respaldó que los médicos también documenten los pagos recibidos directamente de los pacientes.
No obstante, coincidió en que existe un problema con la remuneración profesional y sostuvo que las tarifas médicas no se han actualizado al mismo ritmo que la cápita. Alcántara llamó a cumplir la disposición y evitar nuevas confrontaciones en momentos en que, según señaló, existe desconfianza entre afiliados y distintos actores del sistema.
Peña Núñez adelantó que someterá la disposición de SISALRIL a la junta directiva del CMD y vinculó su reacción con lo que considera intentos de generalizar hacia la comunidad médica irregularidades atribuidas a profesionales particulares.
La disputa deja así dos asuntos diferentes sobre la mesa: el reclamo de los médicos por las tarifas que reciben de las aseguradoras y el derecho que SISALRIL busca proteger para que esos desacuerdos económicos no recaigan sobre el bolsillo ni condicionen la atención del afiliado.
La regulación no desconoce que puedan existir controversias económicas entre ARS y prestadores; establece que deben canalizarse entre las partes y recuerda a las aseguradoras su obligación de supervisar las redes contratadas cuando se detecten irregularidades que afecten los derechos de sus afiliados.
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