SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. – El economista y especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana afirmó que los pacientes han ocupado históricamente una posición de desventaja dentro del sistema sanitario dominicano y defendió las reformas orientadas a aumentar el poder de decisión de los afiliados.
“En los hospitales públicos los pacientes somos un cero a la izquierda”, expresó el presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT), al argumentar que detrás de la discusión sobre el modelo sanitario existe una lucha por el control y la asignación de los recursos destinados a salud. Díaz Santana estima que el gasto nacional en este sector rondaría los RD$500,000 millones durante 2026.
Díaz Santana, quien participó en el diseño del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), fue redactor de la Ley 87-01 y primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), sostiene que el poder del paciente cambia dependiendo de quién financia y paga la atención.
A su juicio, una persona que paga directamente puede elegir al profesional y ejercer mayor influencia sobre la atención recibida, mientras que en determinados esquemas públicos esa capacidad disminuye.
El especialista atribuyó parte de esa asimetría a la organización histórica de los servicios públicos y cuestionó el papel del Colegio Médico Dominicano (CMD) frente a reformas que, según su planteamiento, buscan trasladar mayor capacidad de decisión hacia los afiliados.
El presidente de la FSSPT defendió en ese contexto el Seguro Familiar de Salud (SFS), al considerar que introdujo mecanismos destinados a reducir el desequilibrio entre prestadores y pacientes. Entre ellos citó la coexistencia de administradoras y prestadores públicos y privados, la libre elección, las autorizaciones de servicios, los controles para el pago de prestaciones y la administración del riesgo frente a posibles irregularidades.
Parte de este marco está expresamente contemplado en la Ley 87-01: la legislación reconoce la libre elección familiar de ARS y prestadores bajo las condiciones establecidas por el propio sistema, mientras que la DIDA ofrece orientación y defensa gratuita a los afiliados cuando enfrentan problemas relacionados con sus derechos y coberturas.
Díaz Santana sostuvo que estos mecanismos permiten al afiliado acudir a los servicios con mayor capacidad para reclamar sus derechos, aunque reconoció que persisten problemas de información y distorsiones. También denunció prácticas que atribuyó a sectores minoritarios de los prestadores, entre ellas prescripciones innecesarias, facturación excesiva y cobros elevados de diferencias y copagos.
Estas acusaciones corresponden a la valoración del especialista y no deben extenderse al conjunto de los profesionales sanitarios.
En su planteamiento, la administración del riesgo y la supervisión de las prestaciones constituyen instrumentos necesarios para detectar irregularidades y proteger los recursos destinados a la atención de los afiliados.
El especialista afirmó que el objetivo de las reformas debe ser impedir que el paciente quede relegado dentro de las decisiones que afectan su propia atención.
La Fundación Seguridad Social para Todos defiende, según explicó Díaz Santana, una mayor capacidad de elección para los afiliados y mejores ingresos para los médicos vinculados con servicios oportunos y de calidad.
Su planteamiento se inscribe en propuestas que la organización ha presentado durante 2026 para modificar aspectos de la Ley 87-01 y fortalecer la cobertura y la calidad del SFS.
Para Díaz Santana, la discusión trasciende los intereses económicos de los distintos actores: “No podemos aceptar que la lucha de poder e intereses espurios decida alegremente quién vive y quién muere”, sostuvo, al recordar que el acceso y la protección de la salud constituyen derechos reconocidos por el ordenamiento dominicano.
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