¿Quién era la activista polaca Monika Silva y por qué la CIDH y la UE urgen a Ecuador esclarecer su muerte?

«No hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo». 

La descripción del perfil de X de Monika Silva resume el trabajo que realizó en Ecuador durante años. Radicada en Montañita, Santa Elena (costa oeste ecuatoriana), y originaria de Polonia, denunció actos de corrupción en la provincia: contratos públicos irregulares y ventas de tierras opacas. 

Recibió amenazas de muerte por ello. Las denunció, pero de nada sirvió.

El pasado 8 de junio, Silva fue hallada muerta. El hecho causó conmoción a nivel nacional. Su madre llegó este viernes a Ecuador para retirar el cuerpo, que estaba en la morgue de Santa Elena.

¿Qué se sabe del caso?

La Fiscalía inició una investigación preliminar. En coordinación con la Policía Nacional, se ejecutaron las primeras diligencias investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Además, solicitó cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros que aporten elementos técnicos especializados a las diligencias que se desarrollen dentro de la causa.

El ministro del Interior, John Reimberg, adelantó en una entrevista con una radio local que los primeros indicios recopilados apuntan a un suicidio.

Alfonso Ortiz, dirigente de la ONG Mochica Sumpa de Santa Elena, le dijo a la agencia AFP que «por la magnitud de sus denuncias, por lo delicado que ella denunciaba, incluso había estado en la embajada americana en el mes de abril presentando una denuncia muy bien documentada, que creo que también afectaba la imagen de ciertos políticos del país».

¿Qué casos denunció?

El medio local ‘GK’ recoge algunas de las denuncias e investigaciones de Silva. En 2021, denunció ante la Fiscalía a Otto Vera, entonces alcalde de La Libertad, de la provincia de Santa Elena, por supuestas irregularidades en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

En 2024, alertó de una venta irregular de 745 hectáreas de terreno frente al mar a la empresa Bellitec durante la Administración de Vera.

También denunció la construcción del malecón de Manglaralto sin permisos ambientales, entre otros casos en Santa Elena.

En 2026, alertó del caso de compra de un terreno municipal por 2,7 millones de dólares en La Libertad, con un origen opaco del dinero. Lo que derivó en más investigaciones que tocaron a Cynthia Gellibert, entonces secretaria general de la Administración Pública y ahora ministra de Trabajo, ya que la madre de la joven que hizo la compra trabajaba para ella.

Recientemente, levantó su voz exigiendo justicia por la muerte de un periodista comunitario en Santa Elena que indagaba casos similares.

Este año, otros dos activistas en Santa Elena fueron encontrados sin vida. También habían denunciado corrupción y daños ambientales en la zona. Robinson del Pezo también murió en Santa Elena, mientras que Manuel Cabrera vivía en El Oro, provincia costera al sur del país.

Unión Europea y CIDH exigen respuestas 

«Al investigar la muerte de una persona defensora, el Estado debe incluir dentro de sus líneas de investigación las actividades de defensa y denuncia como posible móvil».

Con este comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado ecuatoriano que incluya otras líneas investigativas para esclarecer su muerte. 

Lamentó la muerte de la activista y expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas. Además, llamó al Estado a llevar a cabo «una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias de su muerte».

La Unión Europea (UE) expresó su profunda preocupación por la muerte de la ciudadana europea y activista. «Hacemos extensivas nuestras condolencias a su familia y seres queridos», señaló la UE en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

Mientras que Polonia envIó una delegación desde su sede diplomática en Perú, concurrente para Ecuador, para que siguiera de cerca el caso con las autoridades locales y nacionales. Además, informó que realizará gestiones para la protección y bienestar de sus hijas menores de edad.