CMD Santiago rechaza críticas de Elías Báez y exige pruebas sobre cobros médicos

SANTIAGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La filial Santiago del Colegio Médico Dominicano (CMD) rechazó las declaraciones del director general de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, en medio de la controversia por los cobros adicionales que algunos pacientes aseguran enfrentar al recibir servicios médicos. 

Penélope Gómez, presidenta del gremio en Santiago, sostuvo que resulta improcedente presentar esas conductas como una práctica generalizada entre los médicos y reclamó que cualquier caso irregular sea identificado y sustentado con evidencias.

Gómez afirmó que, si la DIDA dispone de información sobre médicos que hayan cometido actuaciones ilegales, corresponde identificar los casos y remitirlos a las autoridades competentes. La dirigente también cuestionó expresiones atribuidas a Báez durante intervenciones públicas sobre el tema y consideró que afectan la dignidad de profesionales que, según argumentó, cumplen diariamente con la atención de pacientes bajo condiciones económicas y laborales que el gremio viene denunciando desde hace años.

La controversia tiene como contexto las intervenciones realizadas por la DIDA durante agosto de 2026. La institución informó oficialmente que evitó desembolsos por RD$18,515,242.74 después de atender situaciones relacionadas con cobros adicionales de honorarios, diferencias reclamadas directamente a afiliados, negaciones de cobertura, depósitos y otros requerimientos en centros privados.

La DIDA sostuvo que cada caso fue evaluado antes de intervenir y que los expedientes que requieren investigación o medidas regulatorias son remitidos a los organismos correspondientes del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La posición oficial de la DIDA introduce una precisión relevante en el debate. En su comunicado del 2 de septiembre, la institución manifestó que las irregularidades detectadas no deben atribuirse de manera generalizada a médicos, clínicas o prestadores y reconoció que la mayoría trabaja dentro de las normas del sistema. Al mismo tiempo, defendió su obligación de intervenir cuando un afiliado denuncia cobros que, después de ser examinados, son considerados improcedentes. Báez ha planteado que las diferencias entre prestadores y aseguradoras no deben terminar trasladándose al bolsillo del paciente.

Gómez también dirigió sus críticas hacia el funcionamiento de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), al señalar problemas de cobertura, actualización de honorarios y acceso a determinados procedimientos. 

La dirigente del CMD Santiago mantiene así una posición enfrentada a la gestión de Báez y ha respaldado los reclamos para su salida de la DIDA. El conflicto refleja dos dimensiones que no necesariamente son excluyentes: la obligación de proteger a los afiliados frente a cobros improcedentes y el reclamo de los médicos para que las irregularidades comprobadas sean individualizadas y no utilizadas para responsabilizar a todo el sector.