El Gobierno interino de Venezuela anunció este 14 de agosto la excarcelación de al menos 131 prisioneros que sus funcionarios vincularon al Programa para la Paz y la Convivencia Democrática de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En un comunicado difundido por el ministro de Comunicación e Información se notificó que los beneficiados recibieron “medidas alternativas” otorgadas por tribunales, que habrían actuado tras el pedido del Ministerio Público.
Las personas habían sido detenidas por su participación “presunta o confirmada” en delitos, dijo el Gobierno interino en el comunicado. Varias organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos informaron de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos.
Las excarcelaciones ocurren dos días después de que culminara el primer ciclo de diálogos promovidos por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición y un día después de que la opositora Dinorah Figuera, expresidenta de la Asamblea Nacional, se comprometiera a lograr la puesta en libertad de personas detenidas injustamente o por motivos políticos.
Figuera —una médico y exdiputada que encabeza la representación opositora en los diálogos con el chavismo— se reunió el martes con un grupo de antiguos presos políticos, a propósito de las negociaciones que auspicia Estados Unidos, que el pasado enero ejecutó una incursión en el país por un grupo élite de sus tropas y bombardeó una base militar en Caracas para llevarse a Nicolás Maduro.
«Sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia», escribió Figuera en la red social X al reaccionar a estas liberaciones.
El abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal, una oenegé que proporciona asistencia jurídica a los presos en Venezuela, había informado más temprano sobre la excarcelación de seis mujeres consideradas presas políticas, entre las que se encontraba Emirlendris Benítez, una comerciante de 45 años detenida con cuatro meses de embarazo en 2018 y vinculada por las autoridades con el intento de magnicidio contra Maduro.
La detención preventiva de Benítez excedió el máximo de tres años establecidos por la legislación venezolana. Durante ese período, fue sometida a torturas, tratos crueles y degradantes, hasta el punto de sufrir un aborto espontáneo. La Fiscalía no ha logrado probar la responsabilidad penal de Benítez.
En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar junto a otras siete personas detenidas por las autoridades venezolanas. En 2022 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) pidió su libertad inmediata, habiendo concluido que su detención es arbitraria.
Washington celebra las liberaciones
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a las liberaciones y aseguró que la Casa Blanca continúa monitoreando el avance de su plan de tres fases para el país.
Desde la captura de Maduro, el Gobierno interino que preside Delcy Rodríguez ha excarcelado a cientos de personas a las que señalaba de distintos delitos. También aprobó una polémica Ley de Amnistía que brindaría beneficios procesales a más de 8.000 personas, en su mayoría con libertad restringida, medidas sustitutivas o cautelares.
El chavismo y la oposición acordaron el pasado 12 de agosto la renovación de todos los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al Gobierno. La medida hace parte de los acuerdos alcanzados durante el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos con vías a una transición democrática.
Con Reuters, AP, EFE, AFP y medios locales.
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