Onco14: Ministerio Público acusa red familiar de controlar fondos del Oncológico del Cibao

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- El caso Onco14 golpea uno de los puntos más sensibles del sistema sanitario dominicano: los recursos destinados a pacientes con cáncer.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la estructura investigada habría convertido el Instituto Oncológico Regional del Cibao, IORC, en un “patrimonio familiar”. La frase resume la tesis central de la acusación: un grupo con vínculos personales y familiares habría tomado control administrativo y financiero de la institución para ejecutar maniobras fraudulentas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud, Senasa, y de pacientes oncológicos.

Según Camacho, la investigación permitió identificar una estructura integrada por personas relacionadas familiarmente entre sí, con posiciones de poder dentro del patronato que administra el centro de salud.

“Ellos habían convertido el Oncológico en un patrimonio familiar”, declaró Camacho durante una entrevista en el programa El Día.

El principal imputado es Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del consejo directivo del Oncológico. En el expediente también figuran Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado, quien habría ocupado funciones directivas y de auditoría dentro de la institución.

Para el Ministerio Público, ese cruce de poder administrativo, vínculos familiares y control financiero formaba parte del mecanismo que permitió sostener durante años la presunta estructura.

Ing. Héctor Antonio Lora Cruceta

La auditora que también decidía

Uno de los puntos más delicados señalados por Camacho es el rol atribuido a Dilcia Isabel Vargas Sánchez.

Según explicó el funcionario, Vargas Sánchez participaba en la toma de decisiones internas del Oncológico y luego actuaba como auditora externa de las mismas operaciones financieras.

“Se sentaba en el patronato a tomar decisiones a lo interno del oncológico y luego, cuando se iban a revisar las finanzas del oncológico, se colocaba el traje de auditora externa y auditaba las cuentas que manejaba su exesposo”, sostuvo Camacho.

El Ministerio Público considera que esa dualidad representaba un evidente conflicto de interés y uno de los mecanismos que habrían facilitado el control administrativo y financiero de la institución.

La acusación también vincula a razones sociales y entidades que, según las autoridades, habrían sido utilizadas para canalizar recursos y sustraer fondos mediante diferentes modalidades fraudulentas.

RD$3,700 millones bajo investigación

La investigación de la Operación Onco14 abarca el manejo de aproximadamente RD$3,700 millones provenientes del Senasa, según declaró Wilson Camacho tras una audiencia judicial en Santiago.

“El Oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, afirmó el funcionario, de acuerdo con reportes de prensa.

El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían utilizado sus posiciones dentro del Oncológico para ejecutar maniobras fraudulentas y sustraer fondos destinados a la atención de pacientes con cáncer.

Entre las presuntas irregularidades investigadas figuran el fraccionamiento de tratamientos oncológicos, el cobro completo al Senasa por medicamentos o servicios que no se habrían entregado en la forma facturada, y la sustitución de medicamentos originales por versiones más económicas.

La acusación también apunta a posibles alteraciones en facturas, retención de porcentajes de pagos y uso de estructuras jurídicas para desviar recursos.

Pacientes con cáncer en el centro del caso

Camacho insistió en que el expediente no puede leerse solo como una investigación financiera. Para el Ministerio Público, la gravedad del caso está en que los recursos cuestionados estaban destinados a personas en tratamiento contra el cáncer.

“Este es un caso lamentable porque afectó la salud del pueblo dominicano y, en esta última estructura, afectó la salud de los pobres enfermos de cáncer del pueblo dominicano”, expresó el titular de Persecución.

La frase eleva el caso de un supuesto fraude administrativo a un conflicto de alto impacto social y sanitario. No se trata únicamente de dinero público. Se trata de fondos vinculados a tratamientos de pacientes con una enfermedad de alta complejidad, altos costos y enorme vulnerabilidad.

Auxilio judicial para sacar a la antigua dirección

Otro elemento señalado por Camacho es la resistencia al cambio de mando dentro del Oncológico.

El funcionario recordó que fue necesario acudir a mecanismos judiciales para que las nuevas autoridades electas pudieran asumir la dirección del centro.

“Hubo que requerir auxilio judicial para poder hacerlo salir del Oncológico y que las nuevas autoridades que habían sido electas pudieran asumir”, indicó al referirse a Lora Cruceta.

Medios dominicanos ya habían reportado meses antes querellas y conflictos internos por la administración del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, incluida una denuncia formal ante la Pepca contra antiguos directivos por presunto desvío de fondos.

Prisión preventiva y proceso abierto

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. También pidió que el caso sea declarado complejo, debido al volumen de pruebas y al alcance de la investigación.

Durante el operativo Onco14, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares, DVR y otros elementos considerados de interés para el expediente.

Los delitos atribuidos por el órgano acusador incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, siempre bajo la presunción de inocencia mientras el caso avanza en los tribunales.

Camacho advirtió que las pesquisas siguen abiertas y que no se descarta la incorporación de nuevas personas al expediente.

La Operación Onco14 aún debe probar sus acusaciones ante la justicia. Pero ya ha dejado una señal contundente: el Ministerio Público apunta a una supuesta estructura que habría usado un centro oncológico, pacientes vulnerables y fondos públicos como plataforma de beneficio privado.

Si la acusación se sostiene en los tribunales, el caso podría convertirse en uno de los expedientes sanitarios más sensibles de los últimos años en República Dominicana.