SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. – La justicia dominicana mantuvo los 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y principal imputado de la Operación Onco14.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó la medida durante su revisión obligatoria, al determinar que no habían cambiado las condiciones tomadas en cuenta para imponerla en junio pasado. Lora Cruceta continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres mientras avanza el proceso judicial.
La Operación Onco14 investiga una presunta estructura que, según el Ministerio Público, habría utilizado el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para obtener beneficios económicos mediante diferentes maniobras fraudulentas.
El órgano persecutor sostiene que los hechos habrían perjudicado a ambas instituciones, al Estado, a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El expediente atribuye a los imputados un presunto desvío de RD$148,660,116 entre 2018 y 2025. Esa cantidad es distinta de los aproximadamente RD$3,700 millones procedentes de SeNaSa que, según explicó el director general de Persecución, Wilson Camacho, fueron manejados por el IORC y cuya administración y destino son objeto de la investigación.
Entre las maniobras atribuidas por la acusación figuran alteraciones de indicaciones médicas, utilización de sellos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos destinados a pacientes.
El Ministerio Público sostiene además que se habrían debilitado controles administrativos internos y utilizado entidades relacionadas con los imputados para canalizar recursos.
Una de las organizaciones mencionadas en la investigación es la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, presidida por Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta y también imputada en el proceso. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser probados por la acusación durante las etapas correspondientes del proceso penal.
Lora Cruceta recibió la medida de coerción original el 29 de junio junto con Guzmán, a quien también le fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva y permanece recluida en Rafey Mujeres.
En esa decisión, la jueza Stephanie Santiago Reyes declaró el expediente de tramitación compleja, mientras que una tercera imputada, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, recibió arresto domiciliario.
Durante la revisión de la medida contra Lora Cruceta, el Ministerio Público solicitó mantener su privación de libertad y el tribunal acogió el planteamiento al concluir que persistían las circunstancias procesales que sustentaron la decisión inicial.
La ratificación de la prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad contra Lora Cruceta, sino la continuidad de una medida cautelar mientras se desarrolla un expediente que permanece abierto.
El Ministerio Público deberá sustentar ante los tribunales las acusaciones sobre el supuesto desvío de recursos, las presuntas irregularidades en facturación y medicamentos y las demás operaciones atribuidas a los procesados.
La Operación Onco14 mantiene especial relevancia sanitaria porque parte de los recursos investigados estaba vinculada con la atención de pacientes oncológicos y con fondos públicos canalizados mediante SeNaSa hacia el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
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