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LANSING, MÍCHIGAN, EE. UU./ DIARIO DE SALUD. – El oncólogo Farid Fata, antiguo propietario de la red de clínicas Michigan Hematology Oncology, fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por administrar tratamientos médicos innecesarios a 553 pacientes, incluidos procedimientos de quimioterapia aplicados a personas que no los necesitaban. 

El caso, investigado por autoridades federales, reveló un sistema de facturación fraudulenta que puso en peligro la salud de cientos de personas.

Entre agosto de 2007 y julio de 2013, Fata presentó reclamaciones a Medicare por aproximadamente 225 millones de dólares, de los cuales el programa pagó más de 91 millones. 

Según el Departamento de Justicia, el médico utilizaba su red de consultorios para indicar quimioterapias agresivas, infusiones intravenosas de hierro y otros medicamentos sin justificación clínica. 

También ordenaba estudios diagnósticos innecesarios y recibía pagos ilegales relacionados con la derivación de pacientes a determinados servicios sanitarios.

Las irregularidades llegaron a conocimiento de los fiscales federales durante el verano de 2013. La gravedad de las denuncias llevó al FBI y a investigadores del Departamento de Salud y Servicios Humanos a recopilar información de empleados de las clínicas, revisar expedientes y actuar rápidamente para detener al especialista. 

Tras su arresto, las autoridades coordinaron la entrega de historiales médicos y la atención de los pacientes en otros centros sanitarios. 

En septiembre de 2014, Fata se declaró culpable de 16 cargos federales relacionados con fraude sanitario, lavado de dinero y pagos ilegales.

En julio de 2015, el juez federal Paul D. Borman impuso la condena de 45 años de cárcel y ordenó el decomiso de 17,6 millones de dólares.

La investigación judicial identificó aproximadamente 34 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas vinculadas a tratamientos innecesarios, una cifra distinta del total facturado a Medicare.

Posteriormente, las autoridades impulsaron un procedimiento para distribuir fondos recuperados entre pacientes afectados y sus familiares.

El caso continúa abierto en el ámbito judicial. El 22 de octubre de 2026, un tribunal federal autorizó a Fata a presentar documentación adicional para respaldar una nueva solicitud de reducción de condena por motivos humanitarios. 

La Fiscalía anunció que se opondrá a su liberación anticipada y amplió hasta el 14 de enero de 2027 el plazo para recibir declaraciones de las víctimas. Hasta la última actualización oficial consultada, no se había comunicado una decisión favorable a su excarcelación.

Fuentes originales verificadas

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