Desde su lanzamiento un año antes de las elecciones de 2012, bajo la promesa de construir millones de viviendas para ciudadanos de bajos ingresos, el programa ‘Gran Misión Vivienda’ se erigió como una de las banderas del socialismo en Venezuela.
El entonces presidente Hugo Chávez prometió la edificación de dos millones de hogares en siete años, una premisa que, tras su muerte en marzo de 2013, continuó y amplió su sucesor Nicolás Maduro, elevando el compromiso a cinco millones de casas para 2025.
Sin embargo, con el correr de los años, diversas organizaciones, como Transparencia Venezuela en 2017, y medios de comunicación han denunciado la mala calidad de las construcciones, falencias estructurales de los edificios –algunos con grietas y filtraciones–, laxitud en el cumplimiento de los códigos vigentes y sospechas de esquemas de corrupción en la adjudicación de los contratos.
Esos cuestionamientos han vuelto a resurgir a la luz del devastador doble terremoto que sacudió al país sudamericano, si bien expertos han señalado que se requieren estudios para determinar las causas exactas del derrumbe de edificios individuales, en el marco de un desastre natural sin precedentes que no distinguió entre lo público y lo privado.
El componente geográfico
Según constató el medio venezolano El Estímulo, al menos dos urbanizaciones sociales de años recientes en La Guaira colapsaron como consecuencia del doble seísmo y han quedado inhabitables. Uno era el complejo Ciudad Hugo Chávez Frías, inaugurado en 2013, y el otro era el Luisa Cáceres de Arismendi, finalizado en 2015, ambos en el sector de Playa Grande, al oeste del estado más castigado por la catástrofe.
Yelsa Rojas vivía en el primero de ellos –conocido como ‘Los Cocos’ por su proximidad a una playa del mismo nombre–, un gigante de 1.100 viviendas que, en gran medida, ha sido reducido a añicos.
Ella perdió su apartamento situado en el segundo piso y afirma haber salvado su vida únicamente porque estaba en una cita médica al momento del movimiento telúrico. «Creemos que todos los que estaban en el segundo piso murieron», afirmó a la agencia Reuters.
Al momento de analizar las posibles causas de por qué el impacto en La Guaira fue mucho mayor, pese a situarse a unos 300 kilómetros del epicentro de los terremotos, una de las respuestas es la geografía.
Richard Casanova, director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, la principal asociación profesional que asesora el gobierno, indicó que los suelos blandos sobre los que se erige el estrecho territorio de La Guaira lo hacen particularmente propenso a la destrucción ante fenómenos como el registrado el miércoles 24 de junio.
El segundo estado más pequeño del país andino está atrapado entre escarpadas montañas de la cordillera del Ávila y las costas del mar Caribe, por lo que las inundaciones y los deslizamientos de tierra, añadió Casanova, tienden a canalizarse a través de las zonas densamente pobladas.
No por nada La Guaira fue escenario del peor desastre natural de Venezuela en 200 años, cuando los deslaves arrasaron comunidades enteras en 1999, causando entre 10.000 y 30.000 muertos, una cifra que nunca se pudo determinar con exactitud.
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El ingeniero civil Nicolás Labrópoulos agregó a Reuters que la arena suelta, la grava y los escombros sobre los que se asienta La Guaira pueden hacer que las ondas sísmicas viajen más lentamente, pero aumenten en intensidad, amplificando el temblor.
El también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas explicó que el suelo puede volverse aún más fluido durante un terremoto, lo que supone riesgos adicionales al momento de planificar la construcción en la zona.
Las dudas sobre la calidad de las construcciones
Al margen de las cuestiones geográficas y la magnitud inédita del movimiento telúrico, y a falta de estudios específicos, los expertos consideran probable que la negligencia en la ejecución y mantenimiento de proyectos inmobiliarios públicos y privados agravaran el coste humano del desastre.
«La historia de las viviendas públicas de Chávez es una historia de corrupción y construcciones de baja calidad, levantadas sin supervisión, inspección ni, en muchos casos, cumplimiento de códigos específicos», denunció Richard Casanova.
Estos proyectos de viviendas sociales, afirman los especialistas, se llevaron adelante entre agencias estatales y contratistas de China, Turquía y Belarús, bajo supervisión militar pero con escasa transparencia pública y, a menudo, priorizando velocidad sobre calidad.
Del mismo modo, el director del Colegio de Ingenieros de Venezuela indicó que muchos proyectos privados en la zona también se desplomaron, posiblemente debido a la combinación de las debilidades del suelo, años de deterioro y falta de control de calidad.
Por ejemplo, sugirió que los edificios más antiguos podrían no haber sido reforzados para resistir el impacto de los terremotos después de que el gobierno actualizara los códigos tras el sismo de 1967.
«Se puede construir allí –agregó Casanova a Reuters–. Pero hay que cumplir estrictamente con las normas, y teniendo en cuenta cómo el gobierno ha gestionado la construcción en las últimas dos décadas y media, tengo mis dudas en muchos casos».
Para Casanova, los constructores privados podrían haber aprovechado la falta de aplicación rigurosa de los códigos en edificios públicos para escatimar gastos y salirse con la suya.
La exigencia de controles sobre las edificaciones
Ante el riesgo de que otros edificios puedan ser vulnerables tras el terremoto, ingenieros civiles han ofrecido ayuda al gobierno para realizar controles sobre la solidez estructural y la seguridad de los complejos de viviendas sociales que siguen en pie.
De momento, el Gobierno de Delcy Rodríguez solo se ha reunido con la principal asociación de ingenieros profesionales del país y, el domingo 28 de junio, ha anunciado la creación de una comisión para inspeccionar las residencias y otras infraestructuras afectadas por los terremotos.
La presidenta interina indicó que ese grupo de trabajo –presidido por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez– estará integrado por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, que se encargarán de clasificar con los colores verde, amarillo y rojo las condiciones de habitabilidad de las estructuras.
El anuncio, no obstante, no especificó si se harán estudios para determinar si causas estructurales contribuyeron a los derrumbes de los edificios o si se realizarán inspecciones a inmuebles que no hayan sido afectados por los movimientos telúricos para garantizar su estabilidad.
A la espera de las evaluaciones gubernamentales, algunos ingenieros voluntarios han comenzado sus propios estudios, según indicó a Reuters Glennys González, arquitecta e ingeniera civil que coordina a decenas de profesionales.
Una evaluación inicial de los daños efectuado por este grupo sugiere que en muchos casos no se respetaron las normas, pero González aclaró que es necesario realizar estudios para determinar por qué algunas estructuras resistieron el impacto y otras quedaron completamente destruidas.
El gobierno de Rodríguez, además, ya enfrentado críticas por las demoras en el despliegue de maquinaria pesada y equipos de búsqueda y rescate en las horas críticas posteriores al terremoto. Esto se tradujo en imágenes de habitantes de las zonas afectadas que, solos y usando sus manos, palas y cuerdas, se esforzaron por encontrar a sus familiares en los cruciales primeros días después del desastre.
Con Reuters, EFE y medios locales
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