El apellido Le Pen ha estado indefectiblemente ligado a la vida pública de Francia durante las últimas cinco décadas. Desde 1974, y a excepción de 1981, ha aparecido, con mayor o menor éxito, en todas las boletas de elecciones presidenciales en el país europeo, de la mano de Jean-Marie, primero, y de su hija Marine, después.
Pero eso podría cambiar si este 7 de julio, el Tribunal de Apelación ratifica la inhabilitación que pesa sobre la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), luego de que una corte en primera instancia la hallara culpable por malversación de fondos del Parlamento Europeo.
Le Pen, que defiende su inocencia y ha denunciado una «caza de brujas» en su contra, aseguró el miércoles en una entrevista con el canal francés LCI que «el miedo no tiene cabida» de cara a la posible decisión, aunque reconoció que un fallo desfavorable le dejaría «un sentimiento de injusticia».
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¿Cuál es el esquema de «empleos falsos» por el que fue condenada Le Pen?
En concreto, la acusación sostiene que Marine Le Pen lideró un esquema de desvío de fondos destinados a salarios de los asistentes en el Parlamento Europeo para pagar a empleados de su partido político, una práctica que se habría extendido entre 2004 y 2016.
Vale aclarar que, aunque los eurodiputados reciben fondos para cubrir sus gastos, entre ellos para pagar a sus empleados, estos no pueden ser utilizados para actividades partidarias.
Los primeros indicios del caso se remontan a 2013, cuando el medio de investigación francés Mediapart reveló que Le Pen había contratado como asesores parlamentarios a dos altos cargos de su partido, entonces llamado Frente Nacional (FN).
Posteriormente, los investigadores descubrieron que ese tipo de contrataciones no eran casos aislados, sino parte de un sistema más amplio de «empleos falsos».
Por esa razón, y tras una etapa de instrucción de siete años, Le Pen fue procesada en 2023 junto a más de dos decenas de acusados por el presunto uso indebido del dinero asignado por la Unión Europea, cargos que, desde el principio, ella y su partido negaron.
¿Cuál es el fallo de 2025, que fue apelado por Le Pen?
El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Correccional de París condenó a Marine Le Pen tras considerar que había «perfeccionado» un sistema implementado por su padre, siendo ella la figura central de una trama de malversación de más de 4 millones de euros de fondos europeos.
El fallo dictaminó una pena de prisión de cuatro años (dos en suspenso, y dos bajo arresto domiciliario), una inhabilitación de cinco años para presentarse a cargos electivos, con efecto inmediato, y una multa de 100.000 euros.
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Del mismo modo, la corte multó a Agrupación Nacional con 2 millones de euros, la mitad en suspenso, mientras que ocho exintegrantes del Parlamento Europeo y doce asistentes parlamentarios también recibieron condenas.
El veredicto supuso un terremoto para Le Pen y para la vida pública francesa, y de inmediato fue apelado por la líder de la extrema derecha, con la esperanza de poder presentarse por cuarta vez en las elecciones presidenciales, con encuestas que la ubican como favorita en la carrera para 2027.
¿Cuál es la defensa de Le Pen y qué pide la fiscalía?
Desde el inicio, Le Pen y sus aliados han descrito el caso como una «cacería de brujas», concepto que también fue enarbolado por socios internacionales de la líder ultraderechista francesa, como el presidente estadounidense Donald Trump o el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, también investigados y condenados en distintos procesos judiciales.
Sin embargo, la postura discursiva de Le Pen se ha modificado en función de los resultados judiciales. En el primer juicio, la jefa de RN se mostró combativa, argumentando que el dinero se había utilizado legítimamente y que la fiscalía había aplicado una definición demasiado restrictiva de cuáles son las funciones de un asistente parlamentario.
Eso fue interpretado por los jueces como una falta de remordimiento de Le Pen y los demás acusados, lo que impulsó la inhabilitación inmediata para presentarse a cargos públicos.
En el proceso de apelación, Le Pen no abandonó la esencia de su defensa –negar los cargos y plantear la idea de una conspiración en su contra– pero adoptó un tono menos confrontativo.
«Si se cometió algún delito, quiero que el tribunal entienda que no teníamos la menor intención de haber hecho nada malo», aseguró en una de sus deposiciones judiciales.
La Fiscalía General ha solicitado mantener firme la condena de Le Pen –y de los otros once acusados que han apelado la sentencia– porque «fue la instigadora, tras su padre, de un sistema que permitió desviar» millones de euros.
No obstante, la solicitud es un fallo levemente atenuado: la fiscalía pide que de los cuatro años de prisión, solo uno sea firme y pueda cumplirse con pulsera electrónica; y exige los cinco años de inelegibilidad, pero sin ejecución provisional, lo que significa que no comienza a regir hasta que se hayan agotado todas las instancias de apelación.
¿Cómo alteraría una ratificación de la condena al panorama político francés?
Aunque Le Pen tendría diez días para presentar un recurso ante la Corte de Casación si el fallo le fuera desfavorable, la líder de ultraderecha ya ha dado a entender que su futuro político se decidirá este 7 de julio.
Para tener alguna posibilidad de presentarse en las elecciones programadas para el 18 de abril de 2027, Le Pen necesitaría que la inhabilitación se reduzca a dos años o menos. Del mismo modo, en la entrevista del miércoles pasado con LCI, dejó claro que no podría hacer campaña si tuviera que usar una pulsera electrónica.
«Si el objetivo es permitirme ser candidata, pero en realidad impedirme llevar a cabo una campaña totalmente libre, comprenderán que esto no será posible», subrayó Le Pen, remarcando que «cuando uno es candidato presidencial, debe tener total libertad de movimiento».
«No puedo depender de un magistrado para que me autorice a ir a dar un mitin a Romorantin o a ir a un mercado de Hénin-Beaumont», se resignó la líder ultraderechista, quien, al margen de su futuro político, aseguró que «pase lo que pase, seguiré librando la batalla por mis ideas».
En este contexto, si no logra ser candidata, Le Pen ya ha ungido a Jordan Bardella, el joven y ascendente rostro de la ultraderecha francesa, como el aspirante del RN. Sin posibilidad de reelección para Emmanuel Macron, él también es favorito en las encuestas, por delante de los ex primeros ministros centroderechistas Édouard Philippe y Gabriel Attal, y del izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
Sin embargo, tampoco parece un camino libre de espinas. Si bien fuentes del partido lo niegan, han surgido versiones sobre diferencias dentro del RN sobre el estilo de conducción de Bardella, sobre todo en materia económica, donde plantea un programa más liberal que el que ha construido Le Pen, y que le ha permitido conquistar simpatía de la clase obrera.
La líder ultraderechista, no obstante, anticipó a LCI que dará «libertad absoluta y total» a su delfín, para no caer en el mismo error, que, a su parecer, ocurrió durante su primera campaña presidencial, cuando su padre Jean-Marie seguía «sumamente involucrado».
Del mismo modo, el glamoroso romance de Bardella con la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias también ha despertado dudas sobre si puede distanciarle de la imagen de cercanía con los trabajadores que pretende construir. «Déjenlos en paz», fue el pedido, casi en tono de bendición, de Le Pen durante la mencionada entrevista.
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Más importante aún, el propio Bardella enfrenta varios procesos judiciales. Según reportó ‘Le Monde’, esta misma semana se realizaron allanamientos en Francia y otros países europeos por una investigación de la Fiscalía Europea iniciada en julio de 2025 por presunto uso indebido de fondos europeos entre 2019 y 2024 del grupo Identidad y Democracia (ID), facción a la que pertenecían los eurodiputados de RN.
«Como siempre, los procesos judiciales presagian el calendario electoral. No tenemos nada que reprocharnos, y lo demostraremos», escribió Jordan Bardella en X, al reconocer las diligencias judiciales.
«Ya no creo en las coincidencias», fue la respuesta de Le Pen al ser consultada sobre el tema por LCI, mostrando que la idea de un ‘complot judicial’ contra la extrema derecha puede llegar a dominar la campaña en Francia, sin importar quién sea el candidato.
Con Reuters, EFE y medios locales
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