SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. – Los pagos adicionales que deben asumir los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) han provocado posiciones encontradas entre representantes del sector sanitario dominicano.
El debate se intensificó después de que Listín Diario divulgara datos de un informe técnico que proyecta más de RD$24,000 millones en desembolsos de los pacientes durante 2026.
Ante esta situación, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó que estudia alternativas para disminuir la carga económica, mientras médicos, clínicas y organizaciones de seguridad social discrepan sobre las causas y las posibles soluciones.
La Sisalril explicó que las iniciativas para revisar los copagos comenzaron antes de recibir un requerimiento de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA). Según la institución, el proceso continuará con la preparación de propuestas destinadas al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), bajo la gestión del superintendente Miguel Ceara Hatton.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, responsabilizó a las limitaciones de cobertura de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) de una parte importante de los desembolsos que enfrentan los pacientes.
«El paciente paga un seguro que no le cubre las enfermedades catastróficas», expresó el dirigente gremial al cuestionar la protección ofrecida a los asegurados.
Desde la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), su primer vicepresidente, Severo Mercedes, sostuvo que el problema también está relacionado con la falta de actualización de los honorarios médicos.
El representante señaló que la Ley 87-01 contempla revisiones periódicas de esos pagos y cuestionó el tiempo transcurrido sin los ajustes que, a su juicio, corresponden a los prestadores. Mercedes afirmó que, desde la implementación del Plan Básico de Salud en 2007, persiste un rezago en la actualización de los recursos destinados a las clínicas y los profesionales.
También reconoció las gestiones anunciadas por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, para reducir el gasto de bolsillo.
Una posición diferente expresó Arismendi Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT), quien calificó de ilegales los copagos médicos y respaldó la propuesta de la DIDA para establecer límites a esos cobros.
Díaz Santana argumentó que la Ley 87-01 no autoriza los pagos adicionales que algunos profesionales exigen por consultas y procedimientos, y citó el artículo 130 de esa legislación al referirse a la participación económica de los afiliados en medicamentos ambulatorios. Asimismo, sostuvo que la ausencia de límites en los honorarios cobrados directamente a los pacientes genera incertidumbre económica, especialmente entre familias de ingresos medios y bajos.
Estas afirmaciones corresponden a la interpretación del representante de la fundación y no constituyen una determinación judicial sobre la legalidad de cada cobro.
El desacuerdo también alcanza la responsabilidad de las aseguradoras, la remuneración de los profesionales y los mecanismos de supervisión de los pagos. Díaz Santana denunció presuntas prácticas irregulares relacionadas con cobros sin comprobantes fiscales y posibles beneficios económicos derivados de indicaciones médicas, señalamientos que requieren comprobación individual y no deben atribuirse de manera general al personal sanitario.
Mientras la Sisalril mantiene bajo estudio las alternativas de regulación, las posiciones de los distintos sectores reflejan la falta de consenso sobre cómo distribuir los costos de la atención y reducir los desembolsos que realizan los afiliados al sistema dominicano de seguridad social.
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