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SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. – La organización Profamilia expresó su respaldo al proyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, al considerar que permitiría establecer una política de Estado con recursos económicos definidos para prevenir y atender la violencia de género en República Dominicana. 

La entidad sostiene que la iniciativa busca superar las intervenciones aisladas mediante responsabilidades institucionales y mecanismos de atención que incluyan a mujeres y niñas.

La directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, afirmó que enfrentar esta problemática requiere medidas que vayan más allá de las sanciones contra los agresores. A su juicio, el Estado y la sociedad deben participar en acciones de prevención, identificación temprana y seguimiento de los resultados. 

La representante explicó que la efectividad del proyecto dependerá de su aprobación, una reglamentación adecuada y la disponibilidad de presupuesto para sostener las políticas contempladas.

Caram destacó especialmente las responsabilidades que la propuesta asignaría al sector sanitario, entre ellas identificar posibles situaciones de violencia y brindar asistencia sin exigir previamente una denuncia penal. 

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Señaló que los establecimientos de salud pueden contribuir a detectar casos que todavía no han llegado a las autoridades judiciales, siempre que dispongan de profesionales capacitados, procedimientos de atención especializados, garantías de confidencialidad y mecanismos seguros para orientar y acompañar a las víctimas.

La organización también planteó que las iniciativas contra la violencia de género han dependido históricamente de esfuerzos de entidades sociales, organismos de cooperación y determinadas autoridades, lo que, según su evaluación, ha provocado diferencias en la cobertura territorial y dificultades para mantener los programas. 

Profamilia considera que el proyecto permitiría distribuir obligaciones entre distintas instituciones públicas y establecer una coordinación más amplia entre los servicios de salud, los organismos de protección y el sistema de justicia.

La directora ejecutiva sostuvo que la violencia contra las mujeres está relacionada con condiciones sociales y patrones de desigualdad que requieren respuestas preventivas sostenidas. 

En ese sentido, defendió la necesidad de políticas públicas que actúen sobre los factores que, según la organización, favorecen la continuidad de estas situaciones.

Profamilia, entidad privada sin fines de lucro fundada en 1966 y dedicada a la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género y la promoción de los derechos humanos, reiteró así su posición favorable a la iniciativa legislativa.

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