‘Los Siete de Cornell’: ¿cómo avanza el caso que indigna a EE. UU.?

Los hechos remontan a octubre de 2024, pero la indignación por el manejo del caso de “Los Siete de Cornell” se intensificó en los últimos días. El lunes, 5 de octubre, estudiantes, profesores y otros miembros de la Universidad de Cornell, en el noreste de Estados Unidos, protestaron para exigir respuestas sobre el accionar de la prestigiosa institución educativa.

Con lazos violetas y carteles con mensajes como “Apoyen a las sobrevivientes, expulsen a los violadores” y “Justicia para todas las Jane Doe”, los manifestantes apuntaron directamente contra las autoridades de una de las universidades más reconocidas en Estados Unidos.

Esta protesta es el último capítulo de un caso que se remonta a dos años atrás. En ese tiempo, una estudiante identificada en los documentos judiciales como “Jane Doe”, aseguró que fue violada por varios miembros de la fraternidad Chi Phi después de haber consumido alcohol y drogas durante una fiesta.

La joven, que presentó una demanda civil contra Cornell, siete exestudiantes y otras partes el 16 de septiembre, sostiene que llegó a estar drogada y completamente inconsciente mientras varios hombres abusaban sexualmente de ella durante varias horas.

La estudiante, que tenía 20 años en el momento de los hechos, también aseguró que podía decir “con total seguridad” que había sido violada cuando denunció lo sucedido a la policía universitaria. Sin embargo, esa afirmación no apareció en el informe que llegó a la Fiscalía local, que, por lo tanto, no presentó cargos.

Un caso reactivado a la luz de nuevos elementos

La revelación de este último elemento, además de otros, relanzó el caso que ahora sacude al mundo universitario estadounidense. El canal ‘ABC News’ reveló el lunes una conversación que Jane Doe grabó con Matthew Ingalls, uno de los hombres acusados, y quien la había invitado a la casa de Chi Phi. La llamada ocurrió un día antes de que ella acudiera a la policía universitaria.

En la conversación, la joven intentaba reconstruir una noche de la que decía tener recuerdos fragmentados. Matthew Ingalls aseguró durante la llamada que Jane Doe había aceptado un encuentro sexual con tres personas. Ella, en cambio, intentó averiguar cómo otros hombres habían terminado participando a la reunión.

“Lo que ustedes hicieron sería considerado una violación grupal”, le dijo, según la grabación obtenida por el canal estadounidense.

Además, nuevos documentos mostraron que algunos integrantes de Chi Phi intentaron contener las consecuencias del episodio durante las semanas siguientes. Estudiantes que luego hablaron con las autoridades universitarias describieron esas gestiones como un intento de “control de daños” y asegurarse de que Jane Doe no estuviera enojada por lo sucedido.

Sanciones insuficientes por parte de la universidad

Estos nuevos elementos aumentan aún más la presión sobre la Universidad de Cornell y su manejo del caso. Después de los hechos, las autoridades universitarias llevaron a cabo su propia investigación interna. Sin embargo, se concluyó con sanciones que ahora parecen ligeras en comparación con la potencial gravedad de lo sucedido.

Dos de los siete estudiantes fueron expulsados y otros dos suspendidos. Otro, que ya se había graduado, recibió una prohibición de ingresar al campus durante tres años. Para los dos restantes hubo órdenes de no contacto con la denunciante, entre otras medidas disciplinarias.

En un primer momento, la universidad rechazó las críticas que denuncian la falta de castigo contra los presuntos agresores. Una defensa débil según la comunidad educativa, que sigue considerando que las sanciones no fueron suficientes. También exige una reforma del sistema disciplinario de la institución.

Bajo presión, el rector de la Universidad de Cornell anunció respaldar la investigación externa para aclarar lo sucedido.

18 mujeres en el Senado de Brasil, una cifra récord

Las mujeres hicieron historia en las elecciones generales de Brasil el pasado domingo 4 de octubre. 12 mujeres fueron elegidas en la renovación parcial del Senado, sumándose a las seis parlamentarias que continúan con mandato vigente.

Con un total de 18 senadoras, ocuparán, a partir de febrero de 2026, el 22,2% de la Cámara Alta del país latinoamericano, la cifra más alta registrada en décadas.

La bancada femenina también progresó en la Cámara Baja, pasando de 91 a 109, también un récord.

Sin embargo, las mujeres siguen infrarrepresentadas en el Congreso brasileño. En total, las 127 senadoras y diputadas de la próxima legislatura representan el 21,4% del total de 594 congresistas, lejos del 53% que representan en la demografía del país.

Prueba adicional de la falta de representación femenina en el Congreso brasileño, el Senado no contaba con baño de mujeres hasta 2016, es decir 55 años después de la inauguración del Palacio del Congreso Nacional en Brasilia.

Además, el avance registrado el domingo también se arraiga en el bando conservador. Siete de las 12 mujeres elegidas en el Senado pertenecen a bancadas de derechas y extrema derecha.

Asimismo, una mayor representación femenina no significa necesariamente un impulso a la agenda de derechos por la igualdad. La situación genera preocupaciones en Brasil, un país donde una mujer es asesinada cada cuatro horas.

En 2025, las autoridades registraron cerca de 1.600 feminicidios.

Acceder a la justicia, un desafío permanente para las mujeres

América Latina avanza en derechos para las mujeres, pero persisten graves barreras para acceder a la justicia. Esta situación es lo que reveló un informe de la Articulación Regional Feminista (ARF) publicado en septiembre.

El “Informe Regional de Acceso a la Justicia 2022–2024”, que revisó la situación de siete países de la región – Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú – subraya que, a pesar de los avances registrados, “estos avances no se han traducido en la implementación efectiva y eficiente de políticas públicas” que permitieran a las mujeres vivir libres de violencia, indicó Agustina Rossi, investigadora del equipo latinoamericano de la Fundación Justicia y Género, en declaraciones a France 24.

“A veces se gana jerarquía, se gana presupuesto, pero con muy poco apoyo político y, luego, son elementos fácilmente tirado atrás”, añadió la especialista.

Entre las barreras que persisten, el informe destaca, entre otros elementos, el debilitamiento de las instituciones de género, la falta de recursos y las dificultades para proteger, en la práctica, derechos ya reconocidos por la ley.

“Muchas veces, estos países anuncian grandes planes de acción que no son acompañados por presupuesto. (…) Lo que termina en palabras vacías”, lamenta Agustina Rossi.

Otro punto destacado del informe concierne los obstáculos que impiden un acceso real de las mujeres a la justicia. “Los datos comprueban que el acceso a la justicia es un camino muy tortuoso para las mujeres. La enorme mayoría de quienes sufren violencia nunca se acercan a denunciar. En algunos países como México o Ecuador solo una de cada 10 mujeres que sufren violencia alguna vez denuncia”, precisa la investigadora.

Una situación que lleva a las mujeres a creer que “tienen que sufrir dentro de sus casas, lo que aumenta el riesgo de feminicidios”, agrega Agustina Rossi que aboga por “políticas públicas con perspectiva de género, con presupuesto y con personal capacitado”, para avanzar hacia una mejor garantía de los derechos de las mujeres.

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