SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que presentó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), relacionada con la forma de distribuir recursos entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
La organización también solicitó la suspensión provisional de partes de la resolución mientras se conoce el recurso, argumentando que la implementación del nuevo esquema debe garantizar que ningún grupo de afiliados al Seguro Familiar de Salud reciba una protección inferior.
La posición fue expuesta por la CNDH mediante un comunicado público en el que asegura que cerca de un millón de dominicanos podrían enfrentar riesgos para su protección en salud como consecuencia de los cambios. Esa cifra y la valoración sobre el riesgo corresponden al planteamiento de la organización y el documento no aporta los estudios técnicos utilizados para cuantificarlas.
Cuestionan efectos de la cápita diferenciada
El centro de la controversia es el mecanismo de cápita diferenciada, mediante el cual la asignación de recursos toma en consideración características como la edad y el sexo de los afiliados.
La propia CNDH reconoce que destinar una mayor proporción de recursos a grupos que suelen necesitar más atención médica, como adultos mayores y mujeres, puede fortalecer la protección de poblaciones con mayores necesidades sanitarias.
Su objeción se concentra en las posibles consecuencias para los demás afiliados.
La Comisión sostiene que, durante la implementación del cambio, debe demostrarse de manera clara que los servicios y coberturas de esos usuarios continuarán garantizados.
En su argumentación, la entidad señala que una persona joven o que históricamente haya utilizado pocos servicios sanitarios también puede enfrentar una emergencia, desarrollar una enfermedad inesperada o requerir un procedimiento de alto costo.
Solicitan estudios que sustenten el nuevo modelo
Además del cuestionamiento constitucional, la CNDH pidió que las autoridades presenten los estudios utilizados para respaldar la aplicación del esquema.
La organización entiende que cualquier modificación en la distribución de los recursos debe preservar los principios de universalidad, solidaridad, equidad y sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La acción presentada ante el Tribunal Constitucional cuestiona específicamente la parte dispositiva vigésimo octava y los ordinales vigesimonoveno al trigésimo tercero de la Resolución 624-02, según establece el comunicado.
La CNDH pidió además que el debate sobre el mecanismo sea transparente, participativo y sustentado en evidencias.
Tribunal Constitucional deberá conocer cuestionamiento
La presentación de una acción directa de inconstitucionalidad no significa que la Resolución 624-02 haya sido declarada contraria a la Constitución ni que las disposiciones cuestionadas hayan quedado automáticamente suspendidas.
Corresponderá al Tribunal Constitucional evaluar los argumentos planteados y adoptar la decisión que proceda.
De igual manera, las afirmaciones de que cerca de un millón de afiliados enfrentan un riesgo y de que el nuevo mecanismo puede afectar su protección corresponden a la posición expresada por la CNDH en el comunicado. El documento suministrado no contiene la respuesta del CNSS ni evidencia que permita determinar por sí sola que esos afiliados hayan sufrido reducciones efectivas de cobertura.
La controversia abre así una discusión sobre cómo distribuir los recursos del Seguro Familiar de Salud atendiendo a las diferencias en necesidades sanitarias sin comprometer la protección financiera y asistencial del conjunto de los afiliados.
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