SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La Asociación Nacional de Clínicas Privadas y las ARS Primera y Futuro alcanzaron la noche del miércoles un acuerdo sobre las tarifas de los servicios de salud, poniendo fin a la amenaza inmediata de suspensión de atenciones que mantenía en incertidumbre a cerca de 1.4 millones de afiliados.
El consenso fue anunciado al cierre de una reunión de aproximadamente cuatro horas en la sede del Ministerio de Trabajo, encabezada por el ministro Eddy Olivares, también presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y por la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández.
La mediación oficial buscaba evitar que un conflicto económico entre prestadores privados y administradoras de riesgos de salud terminara afectando directamente a los pacientes.
Olivares valoró el entendimiento y afirmó que el acuerdo beneficia a las partes involucradas, al Sistema Dominicano de Seguridad Social y, sobre todo, a los afiliados de las ARS que podían quedar expuestos a interrupciones en la atención.
“Fue muy importante para las partes, pero también para el Sistema de Seguridad Social y los afiliados”, expresó el funcionario al concluir la reunión.
El ministro explicó que durante el proceso hubo disposición de ambas partes para cerrar la incertidumbre generada por el anuncio de suspensión de servicios a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro.
“Hubo una buena disposición de arribar a un acuerdo que pusiera fin a esa situación de incertidumbre que afectaba a los afiliados de dos de las ARS a las que ANDECLIP había establecido como las que les paralizaría el servicio”, comentó.
Olivares aseguró que la amenaza de suspensión queda descartada.
“Ya eso no va a ocurrir. El mensaje interesante es que retorna la normalidad sin ningún tipo de incertidumbre futura para los afiliados de esas ARS”, agregó.
Pese al anuncio, ninguna de las partes reveló los términos económicos del acuerdo.
No se informó el porcentaje de aumento tarifario aprobado, el calendario de aplicación, los servicios incluidos ni las condiciones específicas pactadas entre clínicas y aseguradoras.
Olivares indicó que se trata de un conflicto económico entre empresas privadas y que las partes decidieron ofrecer más adelante los detalles del entendimiento.
“Ellos determinaron que más adelante van a ofrecer los datos sobre lo que se acordó”, respondió.
El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, saludó el acuerdo y dijo que el punto más importante es que los afiliados puedan recibir servicios sin temor a una interrupción.
“Lo importante es que los afiliados y el pueblo en general sepan que hay un acuerdo entre la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y ANDECLIP que garantiza la prestación de servicios sin ningún tipo de temor”, manifestó.
De su lado, el presidente de ANDECLIP, Rafael Mena, aseguró que las clínicas continuarán ofreciendo asistencia a los afiliados de las ARS involucradas.
“Seguimos dándole servicio a los pacientes, a prácticamente la mitad de la población de la República Dominicana, ya que nosotros le damos servicio al 49 %”, dijo.
ARS Futuro informó posteriormente en sus redes sociales que el acuerdo garantiza la continuidad de los servicios médicos para todos sus afiliados en las clínicas del país, sin interrupciones.
La aseguradora agradeció la mediación de Eddy Olivares y Aura Celeste Fernández, así como la disposición de ANDECLIP de dejar sin efecto la suspensión de servicios que había sido anunciada.
También sostuvo que el entendimiento permitió superar el “malentendido” relacionado con su inclusión en las negociaciones entre ANDECLIP y ADARS.
ARS Futuro reiteró que pertenece a la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y ARS, no a la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud.
El conflicto se originó por el reclamo de las clínicas privadas de una actualización en las tarifas que reciben por los servicios prestados a los afiliados.
En la primera reunión, celebrada el lunes, ADARS había propuesto un aumento de 8 % en las tarifas.
ANDECLIP, en cambio, reclamaba un incremento de al menos 25 % o superior, argumentando que los costos operativos de las clínicas han aumentado de manera sostenida en los últimos años.
Las clínicas privadas habían anunciado la suspensión de servicios electivos a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro a partir del 14 de julio.
Esa decisión generó preocupación entre los usuarios, autoridades e instituciones vinculadas a la defensa de los afiliados, debido al riesgo de que pacientes quedaran sin atención por una disputa económica en la que no participan directamente.
La medida fue posteriormente frenada de manera provisional por el Tribunal Superior Administrativo, que acogió una medida precautoria solicitada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social.
El tribunal ordenó a ANDECLIP abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de una acción de amparo colectivo.
La DIDA había sostenido que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social debía traducirse en la interrupción de los servicios médicos a los afiliados.
Ese argumento colocó en el centro del debate el derecho de los usuarios a recibir atención, independientemente de las diferencias contractuales entre clínicas y ARS.
En las conversaciones también participaron representantes de las ARS, ANDECLIP y miembros de la Coordinadora Nacional de Salud.
El acuerdo anunciado evita, al menos por ahora, una crisis de acceso para los afiliados de las administradoras involucradas.
Sin embargo, la falta de detalles sobre el pacto deja abiertas varias preguntas.
No se sabe cuál fue el porcentaje final de ajuste, si el aumento será escalonado, qué servicios estarán incluidos, si habrá revisión periódica de tarifas ni qué mecanismos se aplicarán para evitar nuevas amenazas de suspensión.
El acuerdo resuelve la urgencia inmediata, pero no elimina el debate de fondo sobre el financiamiento, las tarifas y la gobernanza del sistema.
Las clínicas sostienen que necesitan tarifas actualizadas para cubrir costos de operación, personal, insumos, energía, mantenimiento y tecnología.
Las ARS, por su parte, deben administrar recursos dentro de un esquema regulado y con obligaciones frente a los afiliados, prestadores y autoridades del sistema.
Cuando esa relación entra en crisis, los afiliados quedan en la posición más vulnerable.
Pueden enfrentar incertidumbre sobre si serán recibidos en una clínica, si deberán pagar de forma particular o si su seguro será aceptado al momento de necesitar atención.
Por eso, la mediación del Ministerio de Trabajo y del CNSS tuvo como objetivo principal garantizar continuidad.
La prestación de servicios de salud no puede quedar expuesta a interrupciones cada vez que surge una diferencia tarifaria.
El acuerdo también reabre la discusión sobre la necesidad de mecanismos institucionales permanentes para revisar honorarios, costos y tarifas sin llevar los conflictos hasta el borde de una suspensión.
La Ley 87-01 contempla espacios para ordenar esas discusiones dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El desafío es que esos mecanismos funcionen de forma oportuna, técnica y transparente.
La crisis mostró que, cuando las negociaciones se vuelven públicas solo en momentos de tensión, los usuarios terminan recibiendo información fragmentada y tardía.
También evidenció la necesidad de comunicar con claridad cuáles servicios están garantizados, qué centros forman parte de la red y qué deben hacer los afiliados si enfrentan una negativa de atención.
Por ahora, el mensaje oficial es que la normalidad retorna para los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro.
Las clínicas continuarán ofreciendo servicios y las partes acordaron mantener el entendimiento.
Pero la transparencia será clave en los próximos días.
Si los términos del acuerdo no se conocen, será difícil evaluar si el pacto resuelve el problema estructural o si solo posterga una nueva ronda de conflictos.
El resultado inmediato es positivo para los pacientes: no habrá suspensión de servicios.
El reto siguiente será convertir este acuerdo en una solución estable, verificable y sostenible para el sistema.
La salud de los afiliados no debería depender de negociaciones de emergencia.
Debe estar protegida por reglas claras, supervisión efectiva y mecanismos que coloquen al paciente en el centro de cualquier decisión económica.
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