SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social advirtió que acudirá a los tribunales si los centros privados de salud suspenden la atención a los pacientes debido a su diferendo con las Administradoras de Riesgos de Salud.
El director general de la DIDA, Elías Báez de los Santos, explicó que la institución recurriría a una acción de amparo colectivo para proteger el derecho de los afiliados a recibir servicios médicos oportunos y continuos.
“Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden resolverse en detrimento de los afiliados”, afirmó Báez.
El funcionario sostuvo que ninguna diferencia administrativa, contractual o financiera entre las partes debe poner en riesgo la salud de la población.
La advertencia se produce en medio de tensiones entre prestadores privados y administradoras por asuntos relacionados con tarifas, pagos, contratos y condiciones para ofrecer los servicios.
La DIDA reconoció que las clínicas y demás prestadores tienen derecho a presentar sus reclamaciones y defender sus intereses.
Sin embargo, señaló que esas controversias deben resolverse mediante los mecanismos legales, administrativos e institucionales disponibles.
La entidad considera que interrumpir consultas, procedimientos, emergencias o tratamientos trasladaría directamente las consecuencias del conflicto a los pacientes.
Una suspensión también podría afectar a personas con enfermedades crónicas, embarazadas, adultos mayores, pacientes pediátricos y quienes necesitan medicamentos, estudios o procedimientos continuos.
Báez recordó que el acceso a la salud está protegido por la Constitución dominicana, la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y la Ley General de Salud 42-01.
La Constitución reconoce el derecho de toda persona a una atención integral y establece la responsabilidad del Estado de proteger el acceso a servicios sanitarios.
La Ley 87-01 creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y estableció el Seguro Familiar de Salud para proteger a la población frente a enfermedades, maternidad y otros riesgos sanitarios.
Dentro de ese sistema, las ARS administran los recursos destinados a financiar las prestaciones cubiertas para sus afiliados.
La DIDA indicó que esos fondos deben emplearse para garantizar el acceso efectivo a los servicios incluidos en el plan de salud correspondiente.
Por ello, una disputa entre las ARS y su red de prestadores no debería convertirse en una barrera para el usuario que mantiene una afiliación activa y necesita atención médica.
La acción de amparo es un mecanismo constitucional destinado a proteger derechos fundamentales frente a una amenaza o vulneración.
En este caso, el recurso colectivo buscaría proteger de fo
El anuncio de la DIDA es preventivo. La institución no informó que el recurso ya haya sido depositado, sino que actuará si se produce una medida que limite o interrumpa la atención.
Tampoco comunicó que todas las clínicas privadas hayan suspendido los servicios ni que exista una interrupción general en el sistema.
La entidad aseguró que mantiene vigilancia sobre la evolución del conflicto y que documentará cualquier situación que afecte a los usuarios.
Los afiliados que enfrenten rechazo de cobertura, negación de servicios o interrupción de un tratamiento pueden solicitar una explicación por escrito y conservar las autorizaciones, indicaciones médicas, facturas y demás documentos relacionados con el caso.
También deben comunicarse con su ARS para obtener información sobre otros centros disponibles dentro de la red y evitar, cuando sea posible, retrasos en la atención.
Si la situación no es resuelta, pueden presentar una reclamación ante la DIDA y solicitar orientación sobre los procedimientos correspondientes.
La institución dispone de un servicio de asistencia continua para orientar a los afiliados y acompañarlos en reclamos relacionados con salud, pensiones y riesgos laborales.
“La misión de la DIDA es defender a los afiliados y velar por que reciban las prestaciones que les garantiza la ley”, expresó Báez.
El director afirmó que cualquier medida que limite el acceso a la atención encontrará una respuesta institucional firme.
La DIDA llamó a las partes involucradas a mantener el diálogo y buscar una salida que preserve tanto la sostenibilidad de los servicios como los derechos de los pacientes.
La institución insistió en que los afiliados no deben convertirse en instrumentos de presión dentro de una disputa entre entidades del sistema de salud.
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