El nuevo Código Penal y la salud: un ortopedista defiende lo que el Colegio Médico impugna

El Dr. Roberto Lafontaine

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.-  La Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal Orgánico de la República Dominicana, fue promulgada el 3 de agosto de 2025 y entrará en vigor doce meses después, es decir, en agosto de 2026. 

Lo que suceda en ese mes marcará un antes y un después para el ejercicio de la medicina en el país: por primera vez en la historia legislativa dominicana, un hospital o clínica puede ser procesado penalmente como persona jurídica, condenado y hasta disuelto judicialmente por fallas en la supervisión, organización o control de los servicios que presta.

El debate que rodea a esta ley es uno de los más intensos que ha vivido el sector salud en años. El Colegio Médico Dominicano (CMD) depositó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 9, 12 y 354 de la norma, advirtiendo que puede generar medicina defensiva, desincentivar especialidades de alto riesgo y criminalizar el error clínico.

La Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas (ASODCI) respaldó esa acción.

En ese contexto de alarma gremial, la voz del cirujano ortopedista y traumatólogo Roberto Lafontaine suena diferente.

La lectura que distingue al sistema del individuo

Lafontaine hizo sus comentarios en el programa «Hablando de Salud», transmitido por El Nuevo Diario TV, ante los médicos Lorenzo Brea, Sergio Solís, Pablo de la Mota, Elías Grullón, Rosmery Jáquez y Rafael Pérez. Su argumento central va en una dirección que pocos han explorado con la misma claridad: el nuevo Código Penal no es una amenaza para el médico que actúa bien, sino una herramienta para responsabilizar al sistema que lo rodea.

«El paciente espera salir curado, pero también satisfecho con el trato recibido y con la seguridad de que no sufrirá un daño adicional durante su permanencia en el centro de salud», afirmó Lafontaine. No es una frase menor: apunta a que la calidad asistencial no termina en el diagnóstico ni en el quirófano, sino que abarca toda la experiencia del paciente dentro de la institución.

Para el traumatólogo, uno de los principales aportes de la nueva legislación es precisamente ese: fortalecer la responsabilidad institucional más allá de atribuir la carga exclusivamente al profesional de la medicina.

«La legislación pone énfasis en los procesos de atención y en la responsabilidad institucional. Ya no se trata únicamente del médico, sino también de cómo funciona todo el sistema de asistencia al paciente», concluyó.

Qué dice la ley y qué teme el gremio

La Ley 74-25 introduce más de 70 nuevas figuras jurídicas, tipifica como delitos la negligencia, la impericia y la inobservancia de protocolos, y establece por primera vez la responsabilidad penal de personas jurídicas privadas, incluyendo hospitales y clínicas. Un centro de salud sin un programa de cumplimiento normativo documentado pierde un instrumento clave de defensa ante una imputación.

El CMD, por su parte, advierte que el riesgo no está en la norma en sí, sino en su aplicación en un sistema sanitario que tiene fragilidades estructurales previas. «La medicina se ejerce en contextos de incertidumbre y riesgo; no todo resultado adverso puede ser considerado un delito», señaló el presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez. La jueza especializada en Derecho Médico, Darihana Linarez Corporán, advirtió también que el nuevo Código impone al médico «la posición de garantía», haciéndolo responsable no solo de sus actos sino también de omisiones dentro del proceso asistencial.

Una ley para todos los sectores, no solo para la salud

Lafontaine también subrayó un punto que suele perderse en el debate gremial: la Ley 74-25 no es una norma diseñada exclusivamente para el sector salud. «Esta ley no es exclusiva para el sector salud; abarca todos los sectores de la economía, incluyendo los medios de comunicación y otras actividades. Es una legislación de aplicación general», señaló el especialista, poniendo en perspectiva que el impacto sobre la medicina, aunque significativo, es parte de una reforma jurídica estructural que alcanza a toda la actividad nacional.