“Cuando el temor penal supera el criterio clínico, el sistema de salud comienza a enfermarse”

El ortopeda y traumatólogo Lorenzo Brea

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La aprobación del nuevo Código Penal Dominicano ha encendido las alarmas en sectores vinculados a la salud. Entre las voces que expresan preocupación se encuentra la del ortopeda y traumatólogo Lorenzo Brea, quien considera que varias de las disposiciones incorporadas en la nueva legislación podrían modificar significativamente la práctica médica en el país y aumentar la presión penal sobre los profesionales de la salud.

Durante una entrevista en el programa “Hablando de Salud”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Brea sostuvo que la medicina se desarrolla en un entorno complejo donde las decisiones suelen tomarse bajo condiciones de urgencia, incertidumbre y riesgo.

“La medicina tiene riesgos inherentes, incluso cuando todo se hace correctamente. No todo resultado negativo significa negligencia, no toda complicación médica es mala práctica y no toda muerte hospitalaria implica culpa penal”, afirmó el especialista.

Sus declaraciones se produjeron en un espacio de análisis junto a los médicos Sergio Solís, Pablo de la Mota, Rosmeri Jáquez, Elías Grullón y Rafael Pérez, donde abordaron las posibles repercusiones de la reforma penal sobre el ejercicio profesional.

El temor a una medicina ejercida bajo presión

Para Brea, uno de los principales desafíos que plantea la nueva legislación es evitar que los médicos desarrollen su labor bajo una amenaza permanente de procesos judiciales.

“Un médico que trabaja con miedo no trabaja igual. Eso termina afectando al paciente, al hospital y al sistema completo”, aseguró.

El especialista explicó que el nuevo Código endurece las sanciones relacionadas con homicidio culposo y lesiones derivadas de imprudencia médica. Además, incorpora conceptos como la denominada “imprudencia consciente”, una figura jurídica que podría agravar las consecuencias legales cuando se interprete que el profesional conocía los riesgos asociados a una determinada actuación.

Según Brea, este nuevo enfoque obliga a abrir un debate amplio sobre el equilibrio entre el derecho de los pacientes a obtener justicia cuando existe negligencia comprobada y la necesidad de garantizar seguridad jurídica a quienes ejercen la medicina.

Hospitales y clínicas también podrían enfrentar consecuencias

Uno de los elementos que el especialista considera más novedosos es la introducción de la responsabilidad penal corporativa para instituciones sanitarias.

“Por primera vez, no solamente podría investigarse al médico individual, sino también al hospital, la clínica o la institución sanitaria por fallas de supervisión, protocolos o controles internos. Las sanciones podrían incluir multas, clausuras e incluso la disolución judicial en casos extremos”, explicó.

Esta disposición amplía el alcance de las investigaciones y coloca bajo escrutinio no solo las decisiones clínicas individuales, sino también la estructura organizativa y los mecanismos de control de los centros de salud.

El riesgo de la medicina defensiva

Brea advirtió que la nueva realidad jurídica podría estimular el crecimiento de la denominada medicina defensiva, una práctica observada en diversos sistemas sanitarios internacionales donde los profesionales solicitan estudios adicionales, realizan referencias innecesarias o evitan asumir procedimientos complejos para reducir riesgos legales.

“Cuando el temor penal supera el criterio clínico, el sistema de salud comienza a enfermarse también”, manifestó.

El especialista señaló que especialidades como traumatología, neurocirugía, obstetricia y emergenciología podrían verse particularmente afectadas debido al alto nivel de riesgo que caracteriza su ejercicio profesional.

Aclaró, sin embargo, que sus planteamientos no buscan justificar actos de negligencia médica, sino advertir sobre la necesidad de diferenciar adecuadamente entre errores evitables, complicaciones inherentes a los procedimientos y limitaciones estructurales del sistema sanitario.

Más protocolos y mayores costos

El médico consideró que el nuevo escenario obligará a hospitales y profesionales a fortalecer mecanismos de cumplimiento, auditorías permanentes, protocolos clínicos, procesos de consentimiento informado y estrategias de protección de datos médicos.

“El médico negligente debe responder por sus acciones. El verdadero desafío es que el sistema pueda diferenciar claramente entre negligencia real, error humano inevitable, complicaciones médicas propias de la práctica y limitaciones estructurales del sistema de salud”, puntualizó.

Asimismo, recordó que muchos profesionales trabajan diariamente bajo condiciones de alta presión, marcadas por la escasez de personal, limitaciones de equipos médicos, déficit de camas hospitalarias y una creciente demanda de servicios.

Brea también alertó sobre posibles efectos económicos derivados del incremento de los riesgos legales.

Indicó que los profesionales podrían verse obligados a contratar seguros de mala práctica más costosos, aumentar la inversión en asesoría jurídica y desarrollar mecanismos adicionales de protección patrimonial.

“Al final, gran parte de esos costos termina trasladándose al paciente mediante el incremento de consultas, procedimientos, cirugías, internamientos y otros servicios de salud”, afirmó.

Un debate que apenas comienza

Para el especialista, la discusión nacional no debe limitarse a determinar si la nueva legislación castiga con mayor severidad determinadas conductas, sino a evaluar si el sistema sanitario dominicano está preparado para enfrentar las consecuencias que podrían derivarse de estos cambios.

“La gran pregunta no es solamente si el nuevo Código Penal castiga más. La verdadera pregunta es si el sistema de salud dominicano está preparado para enfrentar las consecuencias médicas, económicas y humanas de esta nueva realidad jurídica”, concluyó.