SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. – El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso una garantía económica de RD$50,000 y presentación periódica a la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera.
La decisión se produjo después de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva contra la profesional de la salud, investigada por su presunta vinculación con el traslado e ingreso de un ingeniero a un centro de atención psiquiátrica contra su voluntad.
El proceso está relacionado con un incidente ocurrido en una empresa constructora de Alma Rosa II, en Santo Domingo Este, desde donde el ingeniero habría sido trasladado a un establecimiento de salud mental.
Según la investigación atribuida al Ministerio Público, Nancy Estervina de Jesús, expareja del afectado y también imputada, habría señalado que el ingreso se realizó siguiendo instrucciones de la psiquiatra.
La defensa cuestiona esa versión y rechaza que constituya una prueba suficiente para responsabilizar a su representada.
El abogado Jean Cristofer Pérez aseguró que la solicitud de prisión preventiva carecía de elementos probatorios que relacionaran directamente a Quero Cabrera con los hechos investigados.
También afirmó que la médica no aparece mencionada en una acusación presentada anteriormente dentro del mismo caso.
El jurista cuestionó que se utilizara el testimonio de otra persona procesada para sustentar la imputación y puso en duda la calificación de complicidad en violencia intrafamiliar atribuida a su clienta.
En las afueras de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, médicos y especialistas en psiquiatría se concentraron para manifestar su respaldo a Quero Cabrera.
Durante la jornada, Pérez expresó preocupación por las consecuencias que, a su juicio, podría tener este proceso entre los profesionales responsables de atender emergencias de salud mental.
El abogado sostuvo que la intervención de su defendida respondió a un protocolo de atención y advirtió sobre el temor que podría surgir entre los médicos al decidir cómo actuar ante pacientes que necesitan asistencia urgente.
Pérez también pidió a la Procuraduría General de la República examinar el manejo de este procedimiento y cuestionó la utilización de recursos públicos en una investigación que considera infundada.
La defensa mantiene su rechazo a las imputaciones, mientras que la medida de coerción permite a la psiquiatra continuar el proceso judicial sin prisión preventiva.
La resolución establece obligaciones cautelares, pero no constituye una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.
Informe desde Tel Aviv: cierran las urnas en Israel con un récord en participación
Durante la jornada de votaciones hubo una participación récord, siendo estas las primeras …
República Dominicana registra una estimación de 21,060 nuevos casos de cáncer
SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD. – República Dominicana registró una estimación de 21,060 …
