SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) imponer una astreinte de RD$5,000,000 por cada día de incumplimiento, en caso de que las partes accionadas desacaten una eventual orden judicial que disponga mantener o restablecer la atención médica a los afiliados de Primera ARS y Futuro ARS.
Según la solicitud de la DIDA, esa penalidad no debe fijarse a favor de la institución, sino en beneficio de la Cuenta Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud, administrada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Esa cuenta forma parte del esquema financiero del Seguro Familiar de Salud y ha sido citada por el CNSS como fuente vinculada al financiamiento de prestaciones y ajustes del sistema.
La petición forma parte de una acción de amparo colectivo depositada este jueves ante el TSA, con solicitud de medida precautoria, para impedir que se interrumpa la atención en salud a los afiliados de ambas administradoras. En caso de que la suspensión ya se haya materializado, la DIDA pide que el tribunal ordene su restablecimiento inmediato.
El conflicto se originó luego de que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) anunciara la suspensión por tiempo indefinido de servicios a los afiliados de Primera ARS y Futuro ARS a partir del martes 14 de julio. El gremio reclama una actualización de las tarifas que pagan las aseguradoras a los centros privados.
El presidente de ANDECLIP, Rafael Mena, informó que la decisión fue adoptada por la asamblea del gremio y que la suspensión comenzaría con esas dos ARS. También sostuvo que las emergencias y las unidades de cuidados intensivos no serían suspendidas.
Para la DIDA, la medida amenaza los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de aproximadamente 1.4 millones de afiliados, quienes no forman parte del conflicto entre clínicas y aseguradoras y, por tanto, no deben cargar con sus consecuencias.
El director general de la DIDA, Elías Báez, ya había advertido que los desacuerdos entre ARS y prestadores no pueden resolverse afectando a los afiliados. “Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población”, expresó Báez, según declaraciones recogidas por Diario de Salud.
La institución sostiene que excluir las emergencias y los cuidados intensivos no elimina el riesgo para los pacientes. Entre los servicios llamados “programados” pueden figurar tratamientos oncológicos, sesiones de diálisis y seguimiento de enfermedades crónicas o de alto costo. Para la DIDA, aplazar esas atenciones puede causar daños difíciles o imposibles de reparar.
La Constitución dominicana reconoce el derecho a la salud integral y establece que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, así como procurar medios para la prevención y tratamiento de enfermedades. También reconoce el derecho a la seguridad social.
La DIDA explicó que el amparo colectivo es la vía constitucional para obtener protección inmediata cuando derechos fundamentales son vulnerados o amenazados. La Ley núm. 137-11 permite accionar en defensa de derechos colectivos y difusos cuando estos se encuentran afectados o en peligro.
Sobre la competencia del tribunal, la institución recordó que el artículo 213 de la Ley núm. 87-01, agregado por la Ley núm. 13-20, establece que los tribunales competentes en materia de seguridad social son los tribunales administrativos.
La DIDA reiteró su llamado a ANDECLIP y a las ARS a retomar el diálogo. Reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas puede ser atendido por las vías correspondientes, pero insistió en que la discusión debe canalizarse a través del Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, sin afectar la continuidad de los servicios.
La entidad exhortó a los afiliados que enfrenten una negativa de atención a reportarlo de inmediato. El Call Center de la DIDA permanece disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a través del 809-472-1900, número que también figura como contacto institucional oficial.
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