ADESA pide al Gobierno destinar el 2.9% del PIB a salud en 2027 y crear 600 nuevas UNAP

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- El lunes 7 de julio fue un día de doble agenda sanitaria en la República Dominicana. Mientras el Consejo de Ministros aprobaba en el Palacio Nacional la Política Presupuestaria Anual 2027, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) convocaba una rueda de prensa para presentar su propia hoja de ruta: más inversión, más prevención y un giro estructural hacia la atención primaria que el sistema dominicano lleva décadas postergando.

La propuesta de ADESA parte de un diagnóstico que los especialistas en salud pública repiten desde hace años pero que rara vez se convierte en política concreta: el sistema dominicano gasta tarde y gasta mal. Concentra los recursos en el nivel hospitalario y descuida el primer eslabón de la cadena sanitaria, que es donde se previenen las enfermedades, se detectan a tiempo y se evitan las complicaciones costosas.

Las cifras concretas que ADESA pone sobre la mesa

La coalición no se quedó en el diagnóstico. Presentó metas medibles, dirigidas directamente al proceso de formulación del Presupuesto General del Estado que el Gobierno desarrolla actualmente para el año fiscal 2027.

La primera exigencia es que la inversión pública en salud alcance al menos el 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), un umbral que República Dominicana ha tenido dificultades históricas para alcanzar. 

Según datos manejados por la propia ADESA, en los últimos 20 años la inversión pública en salud no ha llegado al 2% del PIB, llegando a caer hasta el 1.7% entre 2020 y 2022, muy lejos del 4% que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2020.

De ese monto, el 36% debería canalizarse exclusivamente hacia la atención primaria, las Unidades de Atención Primaria (UNAP) y los Centros del Primer Nivel de Atención que hoy operan con recursos insuficientes, infraestructura deteriorada y escaso personal especializado.

Una hoja de ruta con metas específicas

Con esos recursos, ADESA propone: crear 600 nuevas Unidades de Atención Primaria distribuidas en el territorio nacional; incorporar al primer nivel de atención a 2,000 enfermeras, igual número de médicos especialistas en salud familiar y 1,000 promotores de salud comunitarios capacitados técnicamente y seleccionados al margen de la militancia partidaria, una condición que la alianza subrayó con énfasis, en alusión a una práctica que históricamente ha politizado estos cargos.

A esto se suman la reparación y construcción de locales para centros del Primer Nivel, la dotación de medios de transporte para la red de promotores y la integración funcional del sistema mediante la vinculación directa de las UNAP con los centros de diagnóstico, la aplicación efectiva del protocolo de referencia y contrarreferencia de pacientes y el establecimiento de un historial médico único por persona. Hoy, un paciente puede pasar por múltiples puntos del sistema sin que ninguno tenga acceso al registro completo de su trayectoria clínica.

Uno de los elementos más novedosos de la propuesta es la creación de consejos para el desarrollo integral de la salud en cada uno de los 155 municipios del país, con la participación de autoridades sanitarias, ayuntamientos, organizaciones sociales y representantes del sector empresarial.

Lo que aprobó el Gobierno ese mismo día

La Política Presupuestaria 2027 aprobada este lunes por el Consejo de Ministros contempla, en materia de salud, la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales de protección familiar. 

Sin embargo, el Gobierno no anunció un porcentaje específico del PIB destinado a salud, a diferencia de la educación, donde se mantendrá la asignación de 4.05% del PIB. El monto definitivo del presupuesto 2027 aún no ha sido determinado, dado que el proceso de formulación apenas inicia con la aprobación de estos lineamientos.

El contraste entre lo que propone ADESA y lo que el Gobierno ha comprometido hasta ahora marca el terreno del debate que se abrirá en los próximos meses.